Históricamente, incluso en las democracias más sólidas, las contiendas electorales pueden develar comportamientos poco éticos e incluso detonar violaciones a la ley. Así lo reconoció en su Reporte de 2013, sobre el mal uso de recursos administrativos en procesos electorales, la Comisión de Venecia, órgano consultivo del que México es parte, al apuntar que entre sus Estados miembro persistían deficiencias legales y de ejecución que dificultan impedir con eficiencia la utilización indebida de recursos públicos en periodos electorales.
Esto atenta contra el desarrollo de los países, toda vez que se desvían fondos públicos, destinados originalmente a fines comunes, hacia intereses partidistas, y afecta la igualdad en la contienda electoral. En consecuencia, puede vulnerar la integridad de la elección, así como reducir la confianza de la ciudadanía en el proceso y los resultados.
Con la misión de asegurar la imparcialidad de los procesos con los que elegimos a nuestros representantes, México se ha dotado de uno de los andamiajes jurídico-institucionales más robustos en el mundo.
En ese contexto, el 16 de febrero de 2016, al frente de la Procuraduría General de la República y con la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), suscribí junto con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Convenio de colaboración en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de los delitos electorales y fomentar la participación ciudadana.
Posteriormente, ya en mi calidad de titular de la SFP, firmamos dos adendas para actualizar dicho convenio. La primera ocasión el 18 de enero de 2017, con motivo de las elecciones estatales de ese año en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. La segunda, el 1 de febrero pasado, tiene por objeto formalizar la coordinación de estrategias que procuren la correcta operatividad de los programas sociales durante el proceso electoral en curso, en el que se elegirán 3 mil 406 cargos a nivel local y federal.
Conforme a esta última adenda, la SFP fortalece la figura de la Contraloría Social con enfoque en el blindaje electoral, mediante el fomento de la participación ciudadana en la supervisión y vigilancia de los recursos públicos consignados a programas federales de desarrollo social.
Establecida en la Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría Social es un mecanismo de colaboración ciudadana, por medio del cual, los beneficiarios de los programas sociales, de manera organizada, monitorean la adecuada implementación de estos y el uso de los recursos. Este instrumento constituye una práctica de transparencia y rendición de cuentas, que permite que la labor de vigilancia sea una responsabilidad compartida entre ciudadanía y Gobierno. En ello recae su eficiencia para prevenir, detectar y combatir posibles faltas administrativas o prácticas corruptas que pretendan desviar recursos destinados a programas sociales y amenacen el derecho a elegir libremente a nuestras autoridades.
En 2017, llevamos a cabo 118 actividades de capacitación dirigidas a más de 5,800 personas, entre ellas, integrantes de comités de Contraloría Social, beneficiarios de programas sociales no miembros de aquellos, estudiantes y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. Adicionalmente, desde la firma del último adéndum, emprendimos campañas digitales para fomentar la participación de la ciudadanía y estimular la cultura de la denuncia de hechos que la sociedad considere pudieran constituir trasgresiones a la ley. Asimismo, seguimos brindando apoyo a los órganos estatales de control para la promoción y difusión de la Contraloría Social.
Las y los servidores públicos debemos velar por el derecho al voto y la libre expresión de la voluntad del votante, pues estos derechos son vulnerables ante actos de intimidación, influencia indebida o coerción al elector. A través de herramientas colaborativas como la Contraloría Social, en la SFP estamos decididos a abonar en la consolidación de nuestra democracia.
Secretaria de la Función Pública.
La Comisión de Venecia, se conforma por los 47 Estados miembro del Consejo de Europa y 13 países más, entre ellos, México.
