La desaparición de personas por parte de agentes del Estado no es nueva en nuestro país. Quizá la guerra sucia había sido la etapa más horrorosa. Los antecedentes se pueden leer en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México por el caso Radilla Pacheco desaparecido en 1974 por miembros del Ejército.
Pero llegó Felipe Calderon con oficialmente más de 27,000 personas desaparecidas; recordemos cómo justificó “su guerra” contra las drogas y sus víctimas, a las que arrebató nombre y rostro al denominarlas “daños colaterales”; los resultados de esa estrategia equivalieron a que el país hubiese enfrentado un conflicto bélico.
Pero no se aprende en cabeza ajena, dice un dicho popular, y Peña Nieto llegó al gobierno y siguió la inercia de Calderón, con las consecuencias trágicas que conocemos.
Pero hay un aliento esperanzador para la próxima etapa: un marco jurídico establecido en la Ley General contra la desaparición forzada y cometida por particulares, publicada en el DOF en noviembre pasado y que fue exigida y discutida con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes todos estos años han estado reclamando por la búsqueda de sus seres queridos.
Varias herramientas se tendrán que constituir: integrar un solo registro de personas desaparecidas; un solo banco de datos forenses; ordenar todas las fosas comunes de todos los panteones e integrar de manera científica todos los restos humanos hallados en las fosas clandestinas.
Esta nueva Ley establece que el Senado convoque públicamente a colectivos de familias, especialistas y organizaciones, para que propongan a sus representantes para integrar un Consejo Ciudadano que participe con las autoridades del Sistema Nacional de búsqueda e investigación y la Comisión Nacional de Búsqueda.
En días pasados hemos electo a 5 familiares de personas desaparecidas, a 4 expertos y a 4 representantes de las OSC, para integrar el Consejo Ciudadano. En lo personal me siento muy orgullosa de esta integración.
De cada una de ellas he aprendido lo que no he logrado en muchos años; de Grace Mahogaly Fernández y Margarita Michele Quevedo, aún siendo tan jóvenes me han enseñado su entereza y valentía; a Edna Dolores Rosas y a su organización, El Solecito, mi enorme admiración por su perseverancia teniendo a todo el gobierno de Javier Duarte en contra; Mirna Nereida Medina, una madre buscando a su hijo y a los hijos de otras madres, y Francisco Olvera Acevedo con una tragedia similar.
Entre los expertos y especialistas, destaco la elección de la Dra. Mercedes C. Doretti, quien es médica forense con toda la experiencia de las forenses argentinas; de la Maestra Denise González Nuñez y la Maestra Volga Pilar de Pina y Santiago Corcuera, ex integrante del Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas.
Por las OSC fueron electas la Hermana Consuelo Gloria Morales, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC; Norma Patricia Quintero, de Fray Juan de Larios AC, de Humberto Guerrero de FUNDAR y Juan Martín García de REDIM.
Todas y todos tienen un gran reto, serán el acicate para que la Ley por la que tanto lucharon sea aplicada debidamente por las autoridades. Durante todos estos años que he escuchado a todas estas familias, me he preguntado por qué no paramos el desastre que nos dejó Calderón y hoy Peña. Aprendamos de la historia.
Angelica de la Peña
Senadora del PRD
@angelicadelap
