/ lunes 11 de diciembre de 2023

La crisis en derechos humanos se ha desbordado

Por más propaganda gubernamental que repita y repita que todo va bien, la realidad muestra, por desgracia, otra cosa. En México se padece una inseguridad atroz y prevalece un estadio de graves violaciones a los derechos humanos imposible de ocultar.

Pero para poder transitar hacia otra cosa, es necesario reconocer la gravedad de esta situación. Y todo indica no se reconocerá en este gobierno. Recomponer el Estado de Derecho requiere además de profesionalización, expertis y compromisos, también voluntad política que hoy está inexorablemente ausente.

Recordemos que la seguridad pública es un derecho constitucional que obliga al gobierno a garantizar el tránsito libre y seguro en los espacios públicos. En el caso de las mujeres que sufren violencia, es una paradoja no puedan estar seguras ni su hogar, el lugar que debiese ser el de mayor seguridad. Aunque hemos avanzado al establecer legalmente que las mujeres recurran a la autoridad cuando con quien viven es un peligro, incluso para sus vidas, las estadísticas evidencian que cada año aumentan los feminicidios perpetrados por sus propias parejas o ex parejas.

La realidad nos ha rebasado: transitamos de una preocupación, para enfrentar otra nueva. No terminamos de digerir un hecho lamentable, cuando ya estamos ante la noticia de otro igual, o peor. Otros estudiantes masacrados, ahora en Celaya, a los que el Presidente revictimiza acusándolos de provocar ellos mismos su asesinato porque “andaban comprando droga”; o pobladores del Estado de México que toman en sus manos las armas para liberarse del terrible control que sufren por parte del crimen organizado; o las cifras de desaparición forzada que han rebasado los dos sexenios anteriores.

En todos estos hechos cruza una línea común: la impunidad arraigada, la corrupción de servidores públicos, la ineficiencia en la investigación criminal, y la deficiente política de atención y prevención. Las corporaciones policiacas deslucidas y mal pagadas.

Y todo indica que quien encabeza el Estado mexicano no modificará su realidad alterna. Sin embargo no le podrá dar la vuelta a los organismos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Aunque se vaya de la Presidencia, esté donde esté, no podrá ocultar los alevosos desatinos durante su gobierno. Porque México no es una isla en el universo de la vía láctea, tiene obligaciones también con los tratados que ha aprobado.

Rescato lo señalado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk, quien expresó su “más seria preocupación porque continúa el flagelo de las desapariciones forzadas en México”.

Y para completar el estado de impunidad, el Presidente ha decidido maquillar las cifras de desaparición forzada. Hago un llamado al Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, a los comités y redes de madres buscadoras, a que no permitan que el Presidente violente la ley. Pretender ocultar la desaparición forzada es un atraco a la ley, es una ofensa inaceptable para todas las familias que sufren porque no saben dónde están sus familiares. Es eludir su búsqueda, no saber la verdad, no sancionar a quienes la perpetraron, es no tener justicia, ni reparación.

Y la crisis es descomunal, basta observar que las cifras de personas desaparecidas la integran cada vez más mujeres, niñas y niños. Urge una alternativa que cambie este estado de cosas.

Defensora de derechos humanos


Por más propaganda gubernamental que repita y repita que todo va bien, la realidad muestra, por desgracia, otra cosa. En México se padece una inseguridad atroz y prevalece un estadio de graves violaciones a los derechos humanos imposible de ocultar.

Pero para poder transitar hacia otra cosa, es necesario reconocer la gravedad de esta situación. Y todo indica no se reconocerá en este gobierno. Recomponer el Estado de Derecho requiere además de profesionalización, expertis y compromisos, también voluntad política que hoy está inexorablemente ausente.

Recordemos que la seguridad pública es un derecho constitucional que obliga al gobierno a garantizar el tránsito libre y seguro en los espacios públicos. En el caso de las mujeres que sufren violencia, es una paradoja no puedan estar seguras ni su hogar, el lugar que debiese ser el de mayor seguridad. Aunque hemos avanzado al establecer legalmente que las mujeres recurran a la autoridad cuando con quien viven es un peligro, incluso para sus vidas, las estadísticas evidencian que cada año aumentan los feminicidios perpetrados por sus propias parejas o ex parejas.

La realidad nos ha rebasado: transitamos de una preocupación, para enfrentar otra nueva. No terminamos de digerir un hecho lamentable, cuando ya estamos ante la noticia de otro igual, o peor. Otros estudiantes masacrados, ahora en Celaya, a los que el Presidente revictimiza acusándolos de provocar ellos mismos su asesinato porque “andaban comprando droga”; o pobladores del Estado de México que toman en sus manos las armas para liberarse del terrible control que sufren por parte del crimen organizado; o las cifras de desaparición forzada que han rebasado los dos sexenios anteriores.

En todos estos hechos cruza una línea común: la impunidad arraigada, la corrupción de servidores públicos, la ineficiencia en la investigación criminal, y la deficiente política de atención y prevención. Las corporaciones policiacas deslucidas y mal pagadas.

Y todo indica que quien encabeza el Estado mexicano no modificará su realidad alterna. Sin embargo no le podrá dar la vuelta a los organismos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Aunque se vaya de la Presidencia, esté donde esté, no podrá ocultar los alevosos desatinos durante su gobierno. Porque México no es una isla en el universo de la vía láctea, tiene obligaciones también con los tratados que ha aprobado.

Rescato lo señalado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk, quien expresó su “más seria preocupación porque continúa el flagelo de las desapariciones forzadas en México”.

Y para completar el estado de impunidad, el Presidente ha decidido maquillar las cifras de desaparición forzada. Hago un llamado al Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, a los comités y redes de madres buscadoras, a que no permitan que el Presidente violente la ley. Pretender ocultar la desaparición forzada es un atraco a la ley, es una ofensa inaceptable para todas las familias que sufren porque no saben dónde están sus familiares. Es eludir su búsqueda, no saber la verdad, no sancionar a quienes la perpetraron, es no tener justicia, ni reparación.

Y la crisis es descomunal, basta observar que las cifras de personas desaparecidas la integran cada vez más mujeres, niñas y niños. Urge una alternativa que cambie este estado de cosas.

Defensora de derechos humanos