/ lunes 17 de junio de 2019

La crisis que se avecina

Hace algunos meses ya lo habíamos advertido, la distancia de las actuales decisiones de gobierno respecto a la realidad económica mundial podría generar un impacto seriamente negativo en las finanzas y el desarrollo económico de nuestro país. La respuesta de la actual administración fue el desdén y la burla para el trabajo de las calificadoras.

En días pasados, dos de las calificadoras más importantes del mundo, rebajaron la nota crediticia de México a niveles negativos, y dejó a la calidad de sus bonos como “basura”, respecto a la capacidad del país para afrontar sus compromisos de deuda frente a organismos e instituciones privadas internacionales.

Las calificaciones que emiten estas agencias son una opinión respecto la habilidad y la voluntad de pago que tiene una empresa, para afrontar sus obligaciones financieras o deuda en tiempo y forma. Una calificación crediticia, es el puntaje que una agencia internacional, neutra y sin intereses particulares en los países, otorga a personas, empresas y, desde luego, a gobiernos.

Esa calificación, deriva de un análisis profundo estimativo que hace la calificadora con base en diversos aspectos como el historial crediticio y la capacidad de devolver el préstamo en función de los activos y pasivos que tenga. Además, con base en dicho análisis, se determina la capacidad de la empresa o gobierno para generar flujos financieros, beneficios, volumen de endeudamiento y, en el caso de los gobiernos de los países, el crecimiento a mediano o largo plazo proyectado.

La forma en que se llega a esas calificaciones, implica una metodología estandarizada con la finalidad de evitar sesgos. Esa metodología, de hecho, es conocida por inversionistas, empresas y gobiernos bajo un principio de transparencia.

Esta información se convierte en un parámetro para que los inversionistas (en mayor medida, instituciones financieras), determinen si conceden un crédito o no a empresas o gobiernos.

Así, en una economía que depende casi de manera exclusiva de una empresa estatal como Pemex se dirige al abismo con una calificación como la recién emitida. A 6 meses de gobierno ya no hay pretexto. Si argumentan que la situación de Pemex era mala, resulta que en todo este tiempo no fueron capaces de hacer su trabajo para mejorarla. Si, por el contrario, señalan que Pemex se encontraba bien (como incluso lo dijeron), pues resulta que les bastaron 6 meses para destruir a la empresa sostén del país.

Senadora del grupo parlamentario del PRI

Hace algunos meses ya lo habíamos advertido, la distancia de las actuales decisiones de gobierno respecto a la realidad económica mundial podría generar un impacto seriamente negativo en las finanzas y el desarrollo económico de nuestro país. La respuesta de la actual administración fue el desdén y la burla para el trabajo de las calificadoras.

En días pasados, dos de las calificadoras más importantes del mundo, rebajaron la nota crediticia de México a niveles negativos, y dejó a la calidad de sus bonos como “basura”, respecto a la capacidad del país para afrontar sus compromisos de deuda frente a organismos e instituciones privadas internacionales.

Las calificaciones que emiten estas agencias son una opinión respecto la habilidad y la voluntad de pago que tiene una empresa, para afrontar sus obligaciones financieras o deuda en tiempo y forma. Una calificación crediticia, es el puntaje que una agencia internacional, neutra y sin intereses particulares en los países, otorga a personas, empresas y, desde luego, a gobiernos.

Esa calificación, deriva de un análisis profundo estimativo que hace la calificadora con base en diversos aspectos como el historial crediticio y la capacidad de devolver el préstamo en función de los activos y pasivos que tenga. Además, con base en dicho análisis, se determina la capacidad de la empresa o gobierno para generar flujos financieros, beneficios, volumen de endeudamiento y, en el caso de los gobiernos de los países, el crecimiento a mediano o largo plazo proyectado.

La forma en que se llega a esas calificaciones, implica una metodología estandarizada con la finalidad de evitar sesgos. Esa metodología, de hecho, es conocida por inversionistas, empresas y gobiernos bajo un principio de transparencia.

Esta información se convierte en un parámetro para que los inversionistas (en mayor medida, instituciones financieras), determinen si conceden un crédito o no a empresas o gobiernos.

Así, en una economía que depende casi de manera exclusiva de una empresa estatal como Pemex se dirige al abismo con una calificación como la recién emitida. A 6 meses de gobierno ya no hay pretexto. Si argumentan que la situación de Pemex era mala, resulta que en todo este tiempo no fueron capaces de hacer su trabajo para mejorarla. Si, por el contrario, señalan que Pemex se encontraba bien (como incluso lo dijeron), pues resulta que les bastaron 6 meses para destruir a la empresa sostén del país.

Senadora del grupo parlamentario del PRI