La discusión acerca de la Ley de Seguridad Interior despertó inquietudes en diversos sectores de la sociedad y movilizó a un buen número de activistas que paradójicamente pugnan por una vigencia efectiva del Estado de Derecho pero están dispuestos a emplear tácticas que lo desafían, como tratar de impedir la llegada al recinto legislativo de quienes cuentan con la investidura jurídica para legislar. De cualquier modo, es evidente que las agrupaciones de la sociedad civil juegan un papel cada día más protagónico en el proceso de toma de decisiones en el sector público, en muchos casos sus dirigentes participan en la integración de Consejos y Comités nombrados para dirigir instituciones gubernativas y presentan proyectos formales relativos al contenido de disposiciones legales.
Esto se debe a que los partidos políticos padecen un profundo desprestigio al que colabora la veleidad de las alianzas que celebran, y la sociedad busca métodos que otorguen una mayor legitimidad a los representantes que toman decisiones políticas. Así, es cada vez más frecuente la adopción de métodos que conceden a las organizaciones de la sociedad civil mayor participación en la configuración de órganos de autoridad. El fenómeno se ha presentado con particular intensidad en la Constitución de la Ciudad de México, lo que conduce a la conclusión de que está ocurriendo un lento pero constante desplazamiento de la legitimidad basada en la elección popular de los representantes populares para otorgarla en mayor medida a las organizaciones de la sociedad civil y a las instituciones académicas, pues sus dirigentes tienen mucha mayor credibilidad y aceptación que los legisladores formalmente electos.
Hasta ahora, todos los científicos políticos coinciden en que los partidos son un mal necesario de los sistemas democráticos, pues no es posible prescindir totalmente de ellos en el proceso de elección de los gobernantes. Esta afirmación debe ponerse en duda en virtud de que sería factible que las organizaciones sociales tomen el lugar de los partidos -lo cual de hecho ya está empezando a ocurrir- y se conviertan en la correa de transmisión entre las aspiraciones populares y la toma de decisiones públicas. El procedimiento podría darse en dos etapas: la primera, mediante el otorgamiento de la facultad de registrar candidatos a puestos de elección a las organizaciones sociales y a las instituciones educativas de nivel superior y la segunda, más radical, permitiría acreditar directamente a los dirigentes de estas formas de organización social como representantes populares sin pasar por una elección general abierta. Se entendería que la legitimidad democrática provendría de la elección o selección en el interior de las referidas agrupaciones que por sí mismas gozan de prestigio social. Los críticos verían en este procedimiento una especie de retorno a fórmulas previas al advenimiento de la democracia liberal que privilegiaban el gremialismo corporativo pero es innegable que los métodos democrático-liberales han sufrido un enorme desgaste derivado de que el elemento democrático fue sustituido por el partidocrático, el cual la gente siente que no le concede una auténtica y legítima representación. Si esta se da por la vía de las organizaciones sociales la supresión de los partidos ya no parece tan imposible. No es fácil admitir la idea de un mundo sin partidos pero si estos no reconducen su actividad por un sendero de real compromiso con las necesidades populares, su futuro es incierto.
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