/ jueves 27 de abril de 2023

La defensa de la democracia en manos de la Corte 

Por Cruz Almada y Luis F. Fernández


Escribimos este artículo con la extraordinaria claridad mental de Cruz Almada para entender, procesar y transmitir temas complejos de manera clara y simple y para compartir qué estamos haciendo para articularnos con organizaciones y colectivos en la defensa de nuestra democracia.

El Plan B pone en riesgo nuestra democracia. Ya se ha dicho. Pero es importante seguirlo diciendo. Las consecuencias de que se implemente son graves y, una vez aplicada, difíciles de revertir. Y hay que decirlo así, con todas sus letras: esta reforma es un retroceso. Es un retroceso en temas de paridad y representación de grupos históricamente discriminados. Es un retroceso en las garantías institucionales que protegen la integridad del padrón electoral y la lista nominal. Es un retroceso en la búsqueda de una competencia justa donde el grupo en el poder no tenga ventajas. Y es, además, un atentado en contra de la capacidad operativa del INE; las limitaciones al uso de su presupuesto, el despido masivo de trabajadores del servicio profesional y la eliminación de los órganos técnicos son todos ejemplos claros de esto. Acaso estaremos en desacuerdo con respecto a qué tan bien el INE cumple con sus tareas, pero será fácil coincidir en que esas tareas importan y es necesario que se realicen. De implementarse el Plan B, nos quedaremos con un instituto electoral sin el personal calificado, especializado o suficiente para cumplir con sus funciones.

Frente a este panorama, ¿qué debemos hacer? Involucrarnos, sin duda alguna. En este momento, la articulación de la sociedad civil como frente de resistencia es fundamental. Pero es preciso tener cuidado. La indignación frente a lo que sucede cada día puede ser motor de la acción, pero, si no hay una estrategia clara, nuestro actuar se vuelve difuso, disperso y poco eficaz. Debemos concentrar nuestro trabajo en aquellas áreas donde tengamos más potencial de incidencia y nuestra atención, en aquellas personas que decidirán el futuro de nuestro sistema electoral. En este caso, se trata de la Corte.

Los decretos que constituyen el Plan B ya fueron aprobados y publicados. Pero su constitucionalidad aún está en disputa. Y una cosa es clara: el escenario de la batalla será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son las ministras y los ministros quienes tienen la facultad —y la obligación— de proteger el sistema constitucional mexicano.

Ésta es la razón por la que, desde la sociedad civil, nos hemos organizado para dar seguimiento a los procesos de la Corte. En los próximos meses se resolverán las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que se han interpuesto en contra del Plan B. Reitero: el seguimiento a la Corte importa e importa mucho. Las decisiones que toma la Corte tienen resultados materiales e inmediatos, como la suspensión a la implementación del Plan B que concedió provisionalmente la Corte hace un par de semanas. Por esto, es ahí donde hay que fijar la mirada.

La coalición de organizaciones busca, por una parte, presentar argumentos a la Corte para sumarnos a la discusión pública sobre la constitucionalidad de la reforma y, por otra, informar a la ciudadanía en general de lo que está sucediendo. No podemos permitir que las decisiones más importantes sobre el futuro de nuestra democracia pasen desapercibidas. La ciudadanía también se ejerce prestando atención.


Por Cruz Almada y Luis F. Fernández


Escribimos este artículo con la extraordinaria claridad mental de Cruz Almada para entender, procesar y transmitir temas complejos de manera clara y simple y para compartir qué estamos haciendo para articularnos con organizaciones y colectivos en la defensa de nuestra democracia.

El Plan B pone en riesgo nuestra democracia. Ya se ha dicho. Pero es importante seguirlo diciendo. Las consecuencias de que se implemente son graves y, una vez aplicada, difíciles de revertir. Y hay que decirlo así, con todas sus letras: esta reforma es un retroceso. Es un retroceso en temas de paridad y representación de grupos históricamente discriminados. Es un retroceso en las garantías institucionales que protegen la integridad del padrón electoral y la lista nominal. Es un retroceso en la búsqueda de una competencia justa donde el grupo en el poder no tenga ventajas. Y es, además, un atentado en contra de la capacidad operativa del INE; las limitaciones al uso de su presupuesto, el despido masivo de trabajadores del servicio profesional y la eliminación de los órganos técnicos son todos ejemplos claros de esto. Acaso estaremos en desacuerdo con respecto a qué tan bien el INE cumple con sus tareas, pero será fácil coincidir en que esas tareas importan y es necesario que se realicen. De implementarse el Plan B, nos quedaremos con un instituto electoral sin el personal calificado, especializado o suficiente para cumplir con sus funciones.

Frente a este panorama, ¿qué debemos hacer? Involucrarnos, sin duda alguna. En este momento, la articulación de la sociedad civil como frente de resistencia es fundamental. Pero es preciso tener cuidado. La indignación frente a lo que sucede cada día puede ser motor de la acción, pero, si no hay una estrategia clara, nuestro actuar se vuelve difuso, disperso y poco eficaz. Debemos concentrar nuestro trabajo en aquellas áreas donde tengamos más potencial de incidencia y nuestra atención, en aquellas personas que decidirán el futuro de nuestro sistema electoral. En este caso, se trata de la Corte.

Los decretos que constituyen el Plan B ya fueron aprobados y publicados. Pero su constitucionalidad aún está en disputa. Y una cosa es clara: el escenario de la batalla será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son las ministras y los ministros quienes tienen la facultad —y la obligación— de proteger el sistema constitucional mexicano.

Ésta es la razón por la que, desde la sociedad civil, nos hemos organizado para dar seguimiento a los procesos de la Corte. En los próximos meses se resolverán las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que se han interpuesto en contra del Plan B. Reitero: el seguimiento a la Corte importa e importa mucho. Las decisiones que toma la Corte tienen resultados materiales e inmediatos, como la suspensión a la implementación del Plan B que concedió provisionalmente la Corte hace un par de semanas. Por esto, es ahí donde hay que fijar la mirada.

La coalición de organizaciones busca, por una parte, presentar argumentos a la Corte para sumarnos a la discusión pública sobre la constitucionalidad de la reforma y, por otra, informar a la ciudadanía en general de lo que está sucediendo. No podemos permitir que las decisiones más importantes sobre el futuro de nuestra democracia pasen desapercibidas. La ciudadanía también se ejerce prestando atención.