A la par que se desarrollan las actividades necesarias para llevar a buen puerto en agosto el primer ejercicio serio y apegado a las reglas constitucionales de Consulta Popular, el INE está realizando la fiscalización de los ingresos y gastos de campaña de las candidatas y candidatos que participaron en la pasada elección del 6 de junio.
La autoridad electoral ha señalado que el plazo de 45 días que tiene para realizar la fiscalización de las campañas electorales concluirá el próximo 22 de julio. A partir de un exhaustivo trabajo de revisión a los informes presentados, en dicha fecha se conocerá quiénes cumplieron o no con lo establecido en la legislación y reglamentos, las respectivas sanciones y, de ser el caso, las y los candidatos que excedieron el tope de gastos de campaña que fijaron las distintas autoridades electorales.
Para este proceso electoral, el universo fiscalizable fue de 29,612 candidaturas, esto quiere decir que la autoridad electoral está a 13 días de concluir la revisión del número más amplio de informes en la historia. Todas y todos los candidatos están obligados a reportar durante la campaña las operaciones que involucran ejercicio de recursos económicos en un sistema creado para dar seguimiento al ingreso y gasto. Las y los candidatos reportaron a lo largo del desarrollo de las campañas electorales más de 904,797 operaciones a nivel federal y local, lo que involucró, de manera preliminar, 5 mil 632 millones de pesos en ingresos y 5 mil 649 millones de pesos en gasto.
Hay que ser claros: La fiscalización que realiza el INE no se limita a verificar si se cumplió o no con la presentación de los informes. Al contrario. Ya que el objetivo de dicha actividad es garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de recursos, así como la equidad de las contiendas electorales (no ventajas indebidas de ningún actor político), la autoridad electoral realiza investigaciones exhaustivas y se allega de todos los elementos posibles para determinar si lo reportado está apegado a las reglas en la materia.
Además de verificar que las operaciones estén bancarizadas, la autoridad analiza que las y los candidatos hayan cumplido con la obligación de rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, provenientes de los Poderes federales o locales (Ejecutivo, Legislativo o Judicial), dependencias de la administración pública, iglesias o ministros de culto, sindicatos, organizaciones civiles o mercantiles. Tampoco pueden recibir recursos de personas físicas con actividad mercantil, personas morales, mexicanas o extranjeras, así como de personas no identificadas.
De igual forma, a lo largo de las campañas, el INE realizó verificaciones e inspecciones en campo con el propósito de obtener la mayor cantidad de evidencia para que, una vez presentados los informes, pueda comprobar la veracidad de lo reportado por cada una de las y los candidatos. Desde que iniciaron las campañas el INE ejerció sus atribuciones de auditoría a través del monitoreo de anuncios espectaculares, de propaganda en medios de comunicación impresos (periódicos y revistas) y en sitios de internet.
La colaboración institucional es importante. En ese sentido, el INE requirió información a la SHCP, a la CNBV, al SAT o a la UIF, cuando se detectaron operaciones electorales presuntamente con un origen no lícito. Solamente en 2021, se realizaron más de 1900 solicitudes de información a dichas autoridades. Por mandato constitucional, el INE no está limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.
Un aspecto que vuelve política y jurídicamente relevante a la fiscalización, es que sus resultados son un insumo para que sea valorado por los tribunales electorales (locales o federal) al analizar las impugnaciones de una elección. La Constitución establece que una elección puede anularse cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado. Sin embargo, de acuerdo al texto constitucional dicha nulidad no opera de manera automática. Es necesario que la diferencia entre el primer y segundo lugar sea menor al cinco por ciento y que la irregularidad sea determinante para el resultado de la elección. Toda esa tarea de valoración corresponde a los Tribunales. El INE no anula elecciones.
La fiscalización y sus conclusiones son exhaustivas e integrales. No hay filias ni fobias, ni sesgos políticos. Precisamente por el alto nivel técnico de la función y la calidad de los resultados, por consenso de todas las fuerzas políticas, se incorporó en la Constitución desde 2014 que el INE sea la única autoridad encargada de fiscalizar las campañas electorales. Hoy la autoridad electoral verificará que el dinero utilizado en la búsqueda del voto tenga un origen y un uso apegado a las normas. Corresponde a las y los candidatos demostrarlo.
Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo General del INE
@ebuendíaz
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