@ebuendiaz
El INE aprobó la semana pasada el monto de financiamiento que deberá entregarse a los partidos políticos para el ejercicio fiscal del próximo año. El monto asciende a 6 mil 233 millones de pesos y será distribuido entre los 7 partidos políticos que tienen registro ante la autoridad electoral en el ámbito federal. La cifra se integra por los siguientes rubros: actividades ordinarias, específicas, franquicias postales y telegráficas.
El partido político que recibirá la mayor cantidad de recursos públicos será MORENA con una cifra cercana a 1, 900 millones de pesos. Le siguen el PAN con 1,134 millones, el PRI con una cantidad superior a los 1, 100 millones, MC recibirá más de 597 millones y el PVEM 522 millones de pesos. El PRD y PT recibirán cantidades superiores a 437 y 412 millones de pesos, respectivamente.
Como ocurre cada año, la aprobación de dicha cantidad de dinero siempre desata discusiones sobre la idoneidad del financiamiento público para los partidos políticos, así como respecto a lo elevado de los montos.
El monto de financiamiento público es resultado de una fórmula que se encuentra establecida en el artículo 41 de la Constitución y los elementos a considerar por la autoridad electoral son: número de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón multiplicado por 65% de la unidad de medida y actualización (UMA).
La distribución del monto total de financiamiento público entre cada uno de los partidos políticos obedece también a un mandato constitucional: 30% de manera igualitaria y el 70% restante es proporcional al número de votos obtenidos en la elección federal previa. De ahí que las cifras nunca serán las mismas entre los partidos políticos, pero sí aseguran un piso mínimo para buscar el voto de la ciudadanía.
Hoy se están desarrollando foros para discutir iniciativas de reforma en materia electoral. La iniciativa de reforma presentada por el Presidente de la República propone eliminar el financiamiento de los partidos políticos para gasto ordinario (en años sin elecciones federales) y sólo entregar recursos cada tres años para campañas.
La propuesta de reforma señala que en elecciones donde se renueve a la Cámara de Diputados, la fórmula de financiamiento para gastos de campaña sería tomando el padrón electoral y multiplicarlo por el 65% de la UMA. Tratándose de elecciones presidenciales, la fórmula sería el padrón electoral por el 100% de la UMA. Por su parte, el PRI ha señalado, solo de forma general, que también busca reducir el monto de financiamiento público y ampliar la cantidad de recursos de origen privado.
El tema del financiamiento público que reciben los partidos políticos ha sido motivo de debate legislativo desde hace muchos años. En momentos en los que las condiciones económicas del país son complejas, el tema adquiere fuerza pero también se banaliza. De ahí la importancia de entender la finalidad de la existencia del financiamiento público de los partidos políticos en México.
El dinero público que reciben los partidos políticos ha permito asegurar que puedan cumplir con los fines que tienen reconocidos a nivel constitucional. Su actividad no se limita a la búsqueda del voto y a la participación en elecciones, sino también a promover la participación de la sociedad en la vida democrática. Recordemos que la formación de partidos políticos es la consecuencia del derecho fundamental de asociación política de miles de ciudadanas y ciudadanos que comparten una ideología común
También permite garantizar condiciones de equidad en la competencia por el poder político. Desde su perfeccionamiento constitucional en 1996, el financiamiento público ha permitido que las fuerzas políticas minoritarias tengan oportunidades de ser gobierno. Así lo demuestran los resultados electorales. De ahí que la reducción o eliminación irreflexiva puede limitar opciones políticas a la ciudadanía.
La última finalidad es blindar a la política. La prevalencia del recurso público garantiza transparencia en el ejercicio del gasto, facilita la fiscalización por parte de la autoridad electoral y cierra la puerta a fuentes ilícitas de financiamiento. El dinero privado invertido en la política nunca será desinteresado. Eliminar el financiamiento puede colocar a los partidos y las candidaturas a merced de intereses privados.
El financiamiento público de los partidos políticos tiene un impacto en el pluralismo político y en la forma en que se desarrolla el sistema electoral en el país. Definitivamente hay que discutir la racionalidad de los montos y no hay mejor lugar para ello que el Congreso de la Unión. La única condición es que la discusión se sustente en datos objetivos y que cualquier decisión se tome con el mayor consenso posible de las fuerzas políticas. Hay ahorros que pueden resultar muy caros.
*Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo General del INE.
