No se trata de un Galeón hundido en el océano con 31 toneladas de oro, se trata de lo que en breve, el Tribunal de Apelaciones de Londres deberá determinar si la Administración del presidente Nicolás Maduro o si el opositor Juan Guaidó, pueden disponer del oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra (BoE), valorado en mil 300 millones de euros y en el que se ha centrado la disputa de los dos rivales políticos.
Apenas el jueves pasado, representantes legales de ambas partes presentaron los últimos alegatos, y se abrió paso a la deliberación para emitir un dictamen, aunque no se descarta que el caso se traslade posteriormente al Tribunal Supremo, máxima instancia judicial en el Reino Unido.
Las autoridades judiciales británicas tienen en sus manos un asunto con más tono político que monetario, ya que basta recordar que el Reino Unido se sumó en su momento al reconocimiento de la presidencia interina de Guaidó, junto con medio centenar de naciones.
Uno de los argumentos que pretende hacer valer la defensa del líder opositor es que en ese entonces Londres lo admitió como presidente y jefe de Estado en Venezuela, pero su contraparte sostiene que se mantienen las relaciones diplomáticas, ya que en la práctica sigue tratando con el régimen actual y sus embajadores.
De hecho, el oponente al régimen venezolano ya obtuvo un fallo favorable en una primera instancia apenas hace un par de meses, cuando el Tribunal Superior Británico le concedió la potestad sobre las 31 toneladas de oro, que tuvo como antecedente el rechazo de BoE a atender una petición de Maduro para traspasar 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para ser usados en la lucha contra la Covid-19 en el país sudamericano.
La controversia se ha centrado sobre un recurso de validez de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV), nombrada por Maduro y presidida por Calixto Ortega, y otra designada por Guaidó en su autonombrado interinato y que el 2 de julio fue reconocida por el Tribunal Superior.
Como parte de su dictamen, el Tribunal de Apelaciones también deberá determinar si tiene jurisdicción para examinar en base al derecho venezolano los nombramientos de Guaidó en su país, incluidos a la junta del BCV, ya que fueron declarados nulos por la Justicia de Venezuela.
Así las cosas, habrá que esperar el desenlace del proceso judicial, y no dude que el veredicto final no dejará de ser polémico.
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