Pese a que Andrés Manuel López Obrador siempre dijo con claridad que no comparte la idea de una Fiscalía cuya autonomía escape a la intervención de la Presidencia en el proceso de designación del Fiscal, está encontrando una férrea resistencia por parte de organizaciones sociales que siguen insistiendo en la petición de que se reforme el artículo 102 de la Constitución a efecto de que se dote al órgano encargado de perseguir los delitos de una autonomía supuestamente plena, derivada de excluir al titular del Ejecutivo del método por el que se nombre al funcionario que encabece dicho órgano.
Tal insistencia resulta antidemocrática y la manera de plantearla es paradójica. Su carácter contrario al espíritu democrático estriba en pretender que una propuesta —respetable, aunque a mi juicio equivocada— presentada por un grupo considerable de ciudadanos que, por definición constituyen una minoría, pretenda imponerse sobre el apoyo abrumadoramente mayoritario que recibió AMLO en las urnas. Los más de 30 millones de votos que lo respaldan son un sólido aval no solo a su persona sino a las propuestas que formuló al electorado y debemos entender que la decisión de quien fuera candidato de MORENA, de mantener el actual sistema de designación del Fiscal, puesto que en realidad no afecta la autonomía de la institución, cuenta con un amplio respaldo popular. Así que mal haría el vencedor de la contienda en alejarse del programa que le fue aprobado para ceder a una presión de quienes no lo comparten. Es alentador saber que el futuro Presidente no se deja llevar por los hashtags y sostiene con determinación sus puntos de vista; al respecto reiteró que desde la campaña expresó su desacuerdo con la reforma al referido artículo 102, lo cual es del dominio público y no va modificar su punto de vista al respecto.
Por supuesto, oponerse al planteamiento del gobernante es saludable en una democracia, pero quienes tienen una posición diferente deben sostenerla en un programa alterno que pase la prueba de las urnas y no aspirar a que la presión ejercida por sus promotores altere lo decidido en el reciente proceso electoral. Aún más antidemocrático sería intentar que la legislatura que va de salida acelerara un proceso de reforma constitucional en el sentido que desean y buscaran ratificarlo a la carrera con el apoyo de congresos estatales donde los partidos derrotados todavía conservan control, antes de que tomen posesión los nuevos poderes federales, tal cual parecen sugerirlo al solicitar que el Senado no designe al titular de la Fiscalía autónoma en tanto no se modifique el estatus de esa autonomía de la manera que lo han venido proponiendo bajo el lema #FiscalíaQueSirva. Paradójicamente, esa insistencia conduce a un resultado democráticamente positivo pues es necesario evitar la tentación de conformar una mayoría de legisladores de organizaciones políticas que perdieron el apoyo popular para, en un periodo extraordinario, hacer un nombramiento que impidiera al futuro Presidente participar en la designación. Por fortuna ese escenario parece muy poco probable dado el espíritu de cooperación del Presidente en funciones para que la transición se realice con gran tersura.
El conjunto de más de 300 organizaciones que publicó un comunicado pidiendo al Senado no designar a un Fiscal General “de manera express” sigue sosteniendo erróneamente que la eficiencia del Ministerio Público deriva de la manera de nombrarlo. En torno a este tema, quienes hayan leído mis anteriores colaboraciones saben que desde tiempo atrás comparto la posición del virtual Presidente electo. Así, sostuve en mayo pasado: “El depositario del Poder Ejecutivo tiene un mandato surgido de la voluntad popular expresada en las urnas; se supone que si ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo es porque cuenta con su confianza para el desempeño de las funciones propias del cargo...es necesario cuestionarse si en el caso de que la propuesta de nombramiento del Fiscal deje de provenir del Ejecutivo y la efectúen organizaciones de la sociedad civil, ello impediría de modo absoluto el eventual uso del Ministerio Público como instrumento al servicio de finalidades similares a las que se atribuyen al Ejecutivo por parte de otros actores de la escena pública. La agenda de los grupos que activamente participan en política desde la sociedad civil puede ser —de hecho lo es con frecuencia— diferente a la del Ejecutivo, y la Fiscalía Autónoma en lugar de servir a un propósito de protección de la sociedad en general y de persecución de delincuentes puede convertirse en un arma permanentemente apuntada al corazón del Presidente para tenerlo como rehén. Esta situación conduciría a que la privación de la facultad de propuesta, que hasta ahora conserva el Primer Mandatario, lo despoje de uno de los poderes fundamentales que derivan de su elección popular, para ser transferido a organizaciones que carecen de dicho respaldo”.
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