La pandemia por el Covid-19 ha sido una dura prueba para los mexicanos, independientemente de la esfera en que nos encontremos; el impacto en la economía, en la gobernabilidad y en la vida pública ha provocado modificaciones en las proyecciones de vida y en las decisiones que hay que asumir ante una emergencia sanitaria que parece no tener fin.
En México se está construyendo, desde antes de la pandemia actual, y ahora con mayor intensidad, un nuevo modelo de país, con base en cinco principios fundamentales e indisolublemente relacionados entre sí: democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar.
La nueva política económica se ha formulado a partir de esos principios, por lo cual la estrategia de deuda pública de la presente administración tiene como principio fundamental un manejo estricto y transparente de los pasivos públicos, a fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo.
Por ello, se destinan los apoyos para el bienestar empezando por la base de la pirámide social y de allí hacia su cúspide. Antes de la crisis sanitaria, 18 millones de hogares, de un total de 32 millones, eran beneficiados de cuando menos uno de los programas sociales en curso; es decir, el 55 por ciento del total de familias.
Ahora el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto llegar a 25 millones de hogares, el 70 por ciento del total; con el fortalecimiento de la capacidad de consumo de las clases populares, se obtendrán beneficios los sectores de mayores ingresos, pues los recursos dispersados por medio de los programas sociales han sido unos de los factores que explican el éxito en la reducción de la movilidad y las medidas de confinamiento adoptadas para mitigar los contagios de COVID-19.
El gobierno federal ha eliminado los despachos inútiles, ha concentrado funciones y tareas de las dependencias y ha reorientado los presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social y económico; el año pasado, el ahorro por evitar la corrupción en la adquisición de bienes a proveedores del gobierno alcanzó la cifra de 200 mil millones de pesos.
Un gran avance en la focalización adecuada de los recursos, lo representa la aprobación de la reforma al artículo 4º constitucional para otorgar, por mandato legal, pensiones a todos los adultos mayores del país, así como a niñas y niños pobres con discapacidad; suman 11 millones de becas destinadas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos y la garantía del derecho a la salud a todos los habitantes del país, con atención médica y medicamentos gratuitos; sin duda, es una de las reformas sociales más importante de los últimos tiempos.
Se están creando 2 millones de empleos en la industria de la construcción edificando viviendas, caminos de concreto con uso intensivo de mano de obra, escuelas, unidades deportivas, mercados y con este propósito, entre otros; impulsado reformas y acciones para que las instituciones sirvan al interés general y no a los intereses particulares, como ocurría en el pasado.
La meta es clara para el 2021, consolidar la separación del poder político del poder económico; sin olvidar que el presupuesto es público dando preferencia a los pobres, cuidando los recursos naturales; la riqueza de la nación y los frutos del trabajo de los mexicanos en un marco de justicia distributiva y equitativa sin permitir que los privilegios de pocos se sustenten en la opresión, la inseguridad y la miseria de millones de mexicanos.
Senador por Morena
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