/ sábado 8 de diciembre de 2018

La encrucijada ante la que estamos

Los discursos de Andrés Manuel López Obrador en su primer día como Presidente de la República generaron sentimientos encontrados.

Para muchos –muy probablemente la mayoría de los mexicanos– esperanza y respaldo a quien llega al poder con un capital electoral y popular inédito, sin precedentes en al menos cinco sucesiones presidenciales. Para otros, las dudas y los temores que siempre acarrean los cambios: nuevos contenidos y formas de una clase política emergente, así como una muy larga lista de promesas, sin especificar cómos o costos.

Difícilmente podía esperarse un arranque sexenal como los precedentes y sin polémica, porque lo que es innegable es que estamos ante una nueva etapa. Para leer el momento y los días y años por venir, siempre habrá que tener presente cómo y por qué llegamos hasta aquí.

La causa es clara: un malestar social extendido ante los agudos problemas que enfrenta el país. Inseguridad y violencia, pobreza que afecta a millones, corrupción e impunidad que socavaron la confianza en los partidos políticos tradicionales y en las instituciones.

Sería iluso pretender que todo fuera como de costumbre, sólo con ajustes menores. Los resultados del 1º de julio confirmaron una exigencia de cambios, remachada con una mayoría en el Congreso para el gobierno.

Esa es la encrucijada ante la que estamos: la oportunidad de construir soluciones efectivas a los grandes retos del país, a partir de la fuerza que da ese mandato popular, pero también los riesgos de concentrar tanto poder en un hombre, un movimiento o una expresión política.

Ahí reside el resorte del respaldo a la cuarta transformación, aunque no quede claro todavía un proyecto de nación que le dé consistencia, y las mismas circunstancias fundamentan la necesidad de preservar el sistema de pesos y contrapesos de la democracia.

México necesita un gobierno efectivo y exitoso en función del bien de la nación. Su fracaso, ya sea por la inercia de la situación presente o por que empeore, sería terrible. Nos llevaría a escenarios impredecibles.

Ello requiere de un jefe de Estado que definitivamente deje atrás la actitud de candidato o líder partidista para unir a los mexicanos sobre una visión de país en la que podamos confluir, más allá de nuestras diferencias. Pero con igual urgencia, es crucial que funcione la división de poderes y la capacidad de contrapeso del federalismo y de los organismos autónomos, en sus tareas de regulación e intervención especializada.

Mejor aún, que la ciudadanía y la sociedad civil se hagan sentir y participen más. Apoyar lo que sea apropiado para México o, en su defecto, oponerse con argumentos y contrapropuestas viables, en pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales y por la vía de los instrumentos de la democracia.

Hay que asegurarnos de que, en aras del cambio, no se destruya lo que funciona y ha costado tanto lograr. Esa es la vía para edificar, con visión y de forma incluyente, una transformación que deje legados realmente trascendentes, como los que heredamos de la Independencia, la Reforma o la Revolución.

Más que un tren o una refinería: cimientos como el fortalecimiento del Estado democrático de derecho, con fiscalías y policías competentes y confiables. Un sistema de seguridad social universal y financieramente sustentable, que aliente la formalización y la productividad.

Un gobierno no sólo austero, sino eficiente, con instituciones y un servicio civil de carrera sólidos y capaces en sus áreas de especialización. Una educación que valore el pasado, pero que prepare a las nuevas generaciones para los retos y oportunidades del Siglo XXI.

Primero los pobres, sin perder de vista que las políticas sociales no bastan: tienen que complementarse con el crecimiento y la multiplicación de las empresas y con empleos que den paso a la movilidad social. Un esfuerzo integral para que las regiones con rezagos alcancen a las más desarrolladas. La oportunidad está ahí, al igual que los retos y los riesgos. Una primera prueba de consistencia vendrá con la presentación del presupuesto y la Ley de Ingresos, antes del 15 de diciembre.

Los discursos de Andrés Manuel López Obrador en su primer día como Presidente de la República generaron sentimientos encontrados.

Para muchos –muy probablemente la mayoría de los mexicanos– esperanza y respaldo a quien llega al poder con un capital electoral y popular inédito, sin precedentes en al menos cinco sucesiones presidenciales. Para otros, las dudas y los temores que siempre acarrean los cambios: nuevos contenidos y formas de una clase política emergente, así como una muy larga lista de promesas, sin especificar cómos o costos.

Difícilmente podía esperarse un arranque sexenal como los precedentes y sin polémica, porque lo que es innegable es que estamos ante una nueva etapa. Para leer el momento y los días y años por venir, siempre habrá que tener presente cómo y por qué llegamos hasta aquí.

La causa es clara: un malestar social extendido ante los agudos problemas que enfrenta el país. Inseguridad y violencia, pobreza que afecta a millones, corrupción e impunidad que socavaron la confianza en los partidos políticos tradicionales y en las instituciones.

Sería iluso pretender que todo fuera como de costumbre, sólo con ajustes menores. Los resultados del 1º de julio confirmaron una exigencia de cambios, remachada con una mayoría en el Congreso para el gobierno.

Esa es la encrucijada ante la que estamos: la oportunidad de construir soluciones efectivas a los grandes retos del país, a partir de la fuerza que da ese mandato popular, pero también los riesgos de concentrar tanto poder en un hombre, un movimiento o una expresión política.

Ahí reside el resorte del respaldo a la cuarta transformación, aunque no quede claro todavía un proyecto de nación que le dé consistencia, y las mismas circunstancias fundamentan la necesidad de preservar el sistema de pesos y contrapesos de la democracia.

México necesita un gobierno efectivo y exitoso en función del bien de la nación. Su fracaso, ya sea por la inercia de la situación presente o por que empeore, sería terrible. Nos llevaría a escenarios impredecibles.

Ello requiere de un jefe de Estado que definitivamente deje atrás la actitud de candidato o líder partidista para unir a los mexicanos sobre una visión de país en la que podamos confluir, más allá de nuestras diferencias. Pero con igual urgencia, es crucial que funcione la división de poderes y la capacidad de contrapeso del federalismo y de los organismos autónomos, en sus tareas de regulación e intervención especializada.

Mejor aún, que la ciudadanía y la sociedad civil se hagan sentir y participen más. Apoyar lo que sea apropiado para México o, en su defecto, oponerse con argumentos y contrapropuestas viables, en pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales y por la vía de los instrumentos de la democracia.

Hay que asegurarnos de que, en aras del cambio, no se destruya lo que funciona y ha costado tanto lograr. Esa es la vía para edificar, con visión y de forma incluyente, una transformación que deje legados realmente trascendentes, como los que heredamos de la Independencia, la Reforma o la Revolución.

Más que un tren o una refinería: cimientos como el fortalecimiento del Estado democrático de derecho, con fiscalías y policías competentes y confiables. Un sistema de seguridad social universal y financieramente sustentable, que aliente la formalización y la productividad.

Un gobierno no sólo austero, sino eficiente, con instituciones y un servicio civil de carrera sólidos y capaces en sus áreas de especialización. Una educación que valore el pasado, pero que prepare a las nuevas generaciones para los retos y oportunidades del Siglo XXI.

Primero los pobres, sin perder de vista que las políticas sociales no bastan: tienen que complementarse con el crecimiento y la multiplicación de las empresas y con empleos que den paso a la movilidad social. Un esfuerzo integral para que las regiones con rezagos alcancen a las más desarrolladas. La oportunidad está ahí, al igual que los retos y los riesgos. Una primera prueba de consistencia vendrá con la presentación del presupuesto y la Ley de Ingresos, antes del 15 de diciembre.