Por una #SociedadHorizontal
Tras la presentación de la iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico por parte del ejecutivo federal, se han generado un sinnúmero de análisis, conjeturas y proyecciones. Mas allá del debate entre quienes están a favor o en contra, lo cierto es que, en el seno de la Cámara de Diputados, hoy descansa una de las mayores apuestas políticas -tal vez la más trascendente- de las realizadas por parte del presidente López Obrador en lo que va de su sexenio.
Frente a esta discusión, el peso de cada legislador ha cobrado una relevancia inimaginable. Hay un impasse pues el PRI pidió foros para revisar el tema. Como era de esperarse, la presión de importantes actores contra la propuesta gubernamental empieza a hacerse evidente. Por un lado, el sector empresarial del país, por el otro, la presión de actores internacionales, particularmente de nuestro vecino del norte.
La articulación del sector privado. Las voces empresariales han levantado la voz frente a lo que consideran que generará una gran pérdida de competitividad. También hay quienes identifican una especie de “reforma fiscal” implícita. Piensan que el gobierno busca mejorar el balance interno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al extraer recursos de los bolsillos del sector comercial e industrial.
El factor Estados Unidos. Gran revuelo generó la solicitud de un grupo de congresistas estadounidenses que solicitaron, mediante una carta dirigida a Ken Salazar, embajador en nuestro país, le planteara al gobierno mexicano que cumpla con los principios clave del T-MEC. Así mismo, manifestaron su preocupación “por las acciones realizadas por parte de la administración mexicana, para favorecer a las empresas estatales y desplazar la inversión estadounidense”.
El fiel de la balanza lo tiene el PRI. Asumiendo que los bloques mantuvieran cohesión en sus bancadas, es evidente que, con sus 70 diputados, bastaría con que un total de 65 votaran a favor para que la iniciativa sea aprobada. Por decirlo de otra forma, si 16 votaran en contra, simplemente no sería posible un cambio constitucional.
Por ello, la pregunta relevante es ¿qué quiere el PRI? Al día de hoy esto es una incógnita aún para sus propios militantes. Por un lado, se sabe que muchos legisladores no están dispuestos a votar en contra de la iniciativa presidencial, por temor a represalias. Al mismo tiempo, las recientes declaraciones de cuatro expresidentes nacionales de dicho instituto político, evidencian una falta de cohesión interna por considerar la propuesta presidencial como algo totalmente “anacrónico”.
Hoy se ve difícil que haya una discusión realmente técnica sobre el mejor modelo energético para el país. La discusión es meramente política. Todo parece circunscribirse a cuál es el menor riesgo o la mayor utilidad política para el PRI. Si los empresarios organizados -incluidos los extranjeros- logran convencer al tricolor de que lo apoyarán en su proceso de supervivencia política, es probable que el PRI vote en contra. Pero si el sector privado es incapaz de persuadir a los priístas, el sitio más seguro para el tricolor será votar de la mano de Morena.
Habrá que estar atentos, por lo pronto vale la pena tener consciencia que este tipo de coyunturas cupulares son un legado del pasado. Los intereses de la #SociedadHorizontal deberían estar en el corazón del debate, no los de unos cuantos legisladores. El sistema de representación democrática, cada vez exhibe mas fallas. Ha llegado el momento de pensar en nuevos mecanismos para tomar decisiones, que verdaderamente vinculen los intereses de la gente en general, no solo de unos cuantos.
