@JosefinaRomanV
Como cada año, el próximo 28 de enero se celebrará el Día Internacional para la Protección de Datos Personales; evento cuyo origen se remonta a 1981, año en que los miembros del Consejo de Europa acordaron la firma del Convenio para la protección de las personas con respecto al procesamiento automatizado de datos personales (Convenio 108) cuyo objetivo es garantizar en el territorio de cada Estado, a cualquier persona física, con independencia de su nacionalidad o residencia, el respeto a sus derechos y libertades fundamentales, concretamente su derecho a la vida privada, en relación al tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal.
Este tan importante Convenio, al cual se adhirió nuestro país el 28 de septiembre de 2018, surgió a consecuencia de la proliferación de las entonces emergentes nuevas tecnologías y la consecuente transferencia de datos de carácter personal entre los diversos territorios, de ahí que la intención de los firmantes se centrara en conciliar el respeto a la vida privada con los de la libre circulación de la información entre los pueblos.
Hoy en día, las nuevas tecnologías prácticamente se han implantado en nuestro mundo. La era digital, acelerada por la pandemia por el COVID, es una realidad; una nueva manera de vivir que conlleva numerosos retos y problemáticas: las fronteras entre países se diluyen y cualquier información, sea de índole privado o público, una vez compartida, transita libremente en el escenario virtual conocido como internet, propiciando con ello la sobreexplotación y el indebido tratamiento de datos personales.
El resultado lo sufrimos todos: llamadas de fraude o extorsión; ciberdelitos como el robo de identidad, fraude cibernético, phishing, spam acoso digital, sexting, grooming, pornografía infantil, se han convertido en graves problemas de nuestra sociedad.
Dada la diversificación, intensificación y globalización en el tratamiento y flujo de datos personales, y todas sus repercusiones, los Estados miembros acordaron El Convenio 108 modernizado o Convenio 108 plus, que les impone como obligación el contar con una autoridad responsable de garantizar su cumplimiento.
En ese contexto, el papel de los organismos garantes para asegurar la dignidad y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos en materia de protección de datos personales se torna trascendental, no solo al atender las denuncias por su mal uso o tratamiento, sino como autoridades expertas responsables de hacerlo un derecho de facto, plenamente reconocido y ejercido por todos, pues si bien, las dificultades y contratiempos de nuestro universo digital se originan a partir del uso de la tecnología, en gran medida las gravosas consecuencias se generan por la falta de cuidado y conocimiento de los usuarios; los propios titulares dan acceso a sus datos personales y a información que debería permanecer en el ámbito privado sin temor alguno.
En México tanto el INAI como los organismos locales han logrado avances significativos al posicionar este derecho; innumerables foros, talleres, seminarios y capacitaciones se han realizado; sin embargo, el gran desafío es concientizar a las personas sobre la importancia y valor de su información y su intimidad. En esta era es inevitable compartir, no obstante, aprendamos a hacerlo de manera segura, antes que recurrir a un órgano garante, cada quién debe ser guardián de sus datos y su privacidad.
