El presidente guardó silencio. Se esperaba una declaración, un comentario de Andrés Manuel López Obrador respecto del nombramiento del cinco veces secretario de Estado José Antonio Meade como consejero independiente de HSBC Holdings, banco con sede en Londres pero cuyo peso en el sistema financiero internacional y de México es importante.
En la conferencia mañanera de ayer no hubo pregunta sobre el tema; tampoco hubo respuesta ni alusión alguna a la noticia dada a conocer del cargo que el ex titular de Hacienda ocupará a quince meses de haber renunciado para aceptar su candidatura a la presidencia de la República por la coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional.
La expectativa era justificada: con un ingreso muy superior al del presidente de la República –unos 250 mil pesos mensuales— José Antonio Meade se incorpora a la lista de exfuncionarios públicos –presidentes de la República incluidos—a los que López Obrador calificó como inmorales y potenciales responsables de conflicto de interés al trabajar en empresas relacionadas con actividades de su encargo en el gobierno.
Al conocerse el nombramiento por el Consejo de Administración de HSBC, López Obrador no podría acusar a José Antonio Meade de un supuesto delito o conflicto de interés. El dos veces exsecretario de Hacienda, de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores y de Energía se incorpora a un banco internacional después de cumplido el año que la actual ley del servicio público veda a los funcionarios para prestar sus servicios en sectores privados. Reconocido, incluso implícitamente por López Obrador como un funcionario de gran capacidad, honestidad y probidad, las experiencias de Meade lo colocan en posibilidad de ocupar cargos en las más diversas especialidades del quehacer público y privado. El nombramiento de Meade en esa corporación financiera ocurre pocos días después de que el presidente López Obrador manifestara su intención de promover una ley que prohíba a los funcionarios públicos trabajar en empresas privadas por un lapso –por demás absurdo—de diez años.
José Antonio Meade libra esa posible veda a la que debería obedecer a no ser por el año transcurrido que le impediría ejercer y aplicar sus conocimientos y su experiencia en campos relacionados con temas como la diplomacia, el comercio exterior, la energía o el desarrollo social. Si a los funcionarios públicos se les exige, la austeridad republicana y hasta la pobreza franciscana, se les recorta toda prestación que permitiera enfrentar el desempleo obligado de diez años de inactividad, habría que preguntarse si tal política puede lograr la reducción de la corrupción y los conflictos de interés que López Obrador afirma combatir.
El cargo que ocupará José Antonio Meade, lejos de implicar un conflicto de interés, muestra la realidad de un funcionario que tras ocupar tan importantes cargos, se dispone a trabajar para ganar honestamente el ingreso que le permita subsistir, al tiempo que pone a disposición de la sociedad sus conocimientos, sus habilidades y su experiencia, bagaje profesional de gran valor que no todos los funcionarios pueden ofrecer a la comunidad.
Como consejero de una de las financieras más importantes del sistema bancario del país, José Antonio Meade se dispone a trabajar en lo que sabe hacer, como debería ser en numerosos casos de personajes de la vida pública desde los más altos hasta modestos rangos. Son experiencias y trayectorias que la sociedad no puede darse el lujo de desaprovechar. Un presidente no podría ofrecer esas capacidades tras una vida de especulación política sin especialización, trayectoria ni paso apreciable en actividades productivas, como es el caso del actual presidente de la República.
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