/ martes 22 de diciembre de 2020

La Francia iliberal

¿Quién hubiera podido imaginar que el extraño adjetivo de iliberal se pudiera aplicar a un país de larga tradición democrática, cuna de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; campeona del laicismo y modelo para muchas democracias occidentales? El adjetivo “iliberal” aplicado a la democracia se puso de moda a partir de un artículo publicado en 1997 por Fareed Zakaria, como lo explico en mi Introducción a la Ciencia Política en cuya tercera edición ya hacía yo referencia a este tema. Zakaria pretendía aludir a Estados que formalmente realizaban elecciones pero cuyas poblaciones estaban muy alejadas de la auténtica participación política y sus gobiernos se comportaban en forma bastante autoritaria.

Luego se fue extendiendo el concepto hacia situaciones en las cuales aparecían importantes limitaciones a la libertad y a los derechos de las personas aunque estos estuvieran consagrados en los textos constitucionales y legales. Se trataba de calificar a formas de gobierno en las que la democracia iba perdiendo elementos esenciales. Eso es justamente lo que está ocurriendo en Francia y una de las más recientes pruebas es la pretensión de aprobar una ley basada en la idea de que un sector de su población musulmana ha adoptado conductas “separatistas” —según el lenguaje empleado por el presidente Macron— así como la intención de prohibir la grabación y difusión de operaciones policiacas. Por supuesto, tanto Francia como cualquiera de las hasta ahora etiquetadas como democracias occidentales rechazaría la calificación de iliberal, pero aunque no lo admita, la política francesa, parece orientarse en tal sentido. En los trabajos de Zakaria se sostiene que el mero formalismo democrático, sin un auténtico apego al liberalismo constitucional, deteriora la libertad e incentiva el conflicto y la confrontación étnica. La legislación a la que me refiero parece cumplir con toda precisión esas características.

La intención de evitar la difusión de imágenes de actividades policiacas, supuestamente se amparaba en un propósito de proteger a los agentes de la policía, pero la indignación pública pronto se manifestó por considerar que se intentaba ocultar los abusos policiacos reforzando así las pretensiones autoritarias del gobierno.

La otra polémica legislación va dirigida supuestamente a combatir el radicalismo islámico. Originalmente, a aludir a ella el presidente francés señaló que iba dirigida a combatir el separatismo derivado de dicha radicalización. Posteriormente trataron de suavizar la terminología al modificar el nombre de la legislación indicando que su objetivo es “reforzar los principios de la República” El proyecto contenía la prohibición absoluta de la enseñanza en casa, hasta ahora ha estado garantizada en la legislación francesa, la cual permite a los padres decidir si desean que sus hijos reciban educación en su propio hogar. Esta medida se ha pretendido atemperar modificando el proyecto, pero de cualquier manera se limitaría la posibilidad de que los padres recurran a este tipo de enseñanza ya que tendrán que hacer una solicitud para que se les otorgue un permiso especial y demostrar la razones que justifiquen este método. Según los autores de la legislación se trata de evitar que los niños musulmanes reciban una educación radical de carácter religioso que los pueda conducir a justificar acciones violentas de tipo terrorista. Otra previsión establecida tiende a facilitar la inspección que realice el gobierno en los templos musulmanes y en asociaciones de este culto que reciban subsidios públicos, si no respetan los principios republicanos como la igualdad entre los géneros. También se prevé extender la prohibición, que ahora se aplica a los servidores públicos, por virtud de la cual se impide portar símbolos religiosos de manera ostensible como el hijab o el crucifijo, para que también opere sobre cualquier actividad subcontratada por el gobierno.

Una previsión excesivamente vaga convierte en delito la divulgación o publicación de información “por virtud de la cual se pueda localizar o identificar a individuos de una manera que los ponga en peligro”. Esta norma deriva de lo acontecido de la decapitación de que fue objeto el profesor de apellido Paty a quien un fanático ejecutó por haber mostrado en clase a sus alumnos unas caricaturas de Mahoma.

Si bien es cierto que existen graves tensiones sociales vinculadas a las diferencias religiosas en la sociedad francesa, también lo es que la política aplicada hasta ahora ha discriminado en la práctica a las comunidades musulmanas que padecen una intensa marginación social y económica. Pese a que medidas como las que se intentan llevar a la práctica pueden profundizar las diferencias y los enfrentamientos, las encuestas muestran que una gran mayoría de franceses apoya las intenciones del presidente Macron. No es una buena noticia para la convivencia pacífica en una sociedad democrática.

eduardoaandrade1948@gmail.com


¿Quién hubiera podido imaginar que el extraño adjetivo de iliberal se pudiera aplicar a un país de larga tradición democrática, cuna de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; campeona del laicismo y modelo para muchas democracias occidentales? El adjetivo “iliberal” aplicado a la democracia se puso de moda a partir de un artículo publicado en 1997 por Fareed Zakaria, como lo explico en mi Introducción a la Ciencia Política en cuya tercera edición ya hacía yo referencia a este tema. Zakaria pretendía aludir a Estados que formalmente realizaban elecciones pero cuyas poblaciones estaban muy alejadas de la auténtica participación política y sus gobiernos se comportaban en forma bastante autoritaria.

Luego se fue extendiendo el concepto hacia situaciones en las cuales aparecían importantes limitaciones a la libertad y a los derechos de las personas aunque estos estuvieran consagrados en los textos constitucionales y legales. Se trataba de calificar a formas de gobierno en las que la democracia iba perdiendo elementos esenciales. Eso es justamente lo que está ocurriendo en Francia y una de las más recientes pruebas es la pretensión de aprobar una ley basada en la idea de que un sector de su población musulmana ha adoptado conductas “separatistas” —según el lenguaje empleado por el presidente Macron— así como la intención de prohibir la grabación y difusión de operaciones policiacas. Por supuesto, tanto Francia como cualquiera de las hasta ahora etiquetadas como democracias occidentales rechazaría la calificación de iliberal, pero aunque no lo admita, la política francesa, parece orientarse en tal sentido. En los trabajos de Zakaria se sostiene que el mero formalismo democrático, sin un auténtico apego al liberalismo constitucional, deteriora la libertad e incentiva el conflicto y la confrontación étnica. La legislación a la que me refiero parece cumplir con toda precisión esas características.

La intención de evitar la difusión de imágenes de actividades policiacas, supuestamente se amparaba en un propósito de proteger a los agentes de la policía, pero la indignación pública pronto se manifestó por considerar que se intentaba ocultar los abusos policiacos reforzando así las pretensiones autoritarias del gobierno.

La otra polémica legislación va dirigida supuestamente a combatir el radicalismo islámico. Originalmente, a aludir a ella el presidente francés señaló que iba dirigida a combatir el separatismo derivado de dicha radicalización. Posteriormente trataron de suavizar la terminología al modificar el nombre de la legislación indicando que su objetivo es “reforzar los principios de la República” El proyecto contenía la prohibición absoluta de la enseñanza en casa, hasta ahora ha estado garantizada en la legislación francesa, la cual permite a los padres decidir si desean que sus hijos reciban educación en su propio hogar. Esta medida se ha pretendido atemperar modificando el proyecto, pero de cualquier manera se limitaría la posibilidad de que los padres recurran a este tipo de enseñanza ya que tendrán que hacer una solicitud para que se les otorgue un permiso especial y demostrar la razones que justifiquen este método. Según los autores de la legislación se trata de evitar que los niños musulmanes reciban una educación radical de carácter religioso que los pueda conducir a justificar acciones violentas de tipo terrorista. Otra previsión establecida tiende a facilitar la inspección que realice el gobierno en los templos musulmanes y en asociaciones de este culto que reciban subsidios públicos, si no respetan los principios republicanos como la igualdad entre los géneros. También se prevé extender la prohibición, que ahora se aplica a los servidores públicos, por virtud de la cual se impide portar símbolos religiosos de manera ostensible como el hijab o el crucifijo, para que también opere sobre cualquier actividad subcontratada por el gobierno.

Una previsión excesivamente vaga convierte en delito la divulgación o publicación de información “por virtud de la cual se pueda localizar o identificar a individuos de una manera que los ponga en peligro”. Esta norma deriva de lo acontecido de la decapitación de que fue objeto el profesor de apellido Paty a quien un fanático ejecutó por haber mostrado en clase a sus alumnos unas caricaturas de Mahoma.

Si bien es cierto que existen graves tensiones sociales vinculadas a las diferencias religiosas en la sociedad francesa, también lo es que la política aplicada hasta ahora ha discriminado en la práctica a las comunidades musulmanas que padecen una intensa marginación social y económica. Pese a que medidas como las que se intentan llevar a la práctica pueden profundizar las diferencias y los enfrentamientos, las encuestas muestran que una gran mayoría de franceses apoya las intenciones del presidente Macron. No es una buena noticia para la convivencia pacífica en una sociedad democrática.

eduardoaandrade1948@gmail.com