Los fraudes fiscales son el tributo que los vicios de las políticas públicas pagan a las virtudes de las políticas públicas.
Hace unos días, The New York Times informó sobre el abuso generalizado de una disposición en el recorte fiscal de Trump de 2017, que se suponía era para ayudar a los trabajadores en apuros de las ciudades. La disposición creó una exención fiscal para la inversión en las llamadas “zonas de oportunidad”, que supuestamente ayudaría a generar empleos en áreas de bajos ingresos. En realidad, la exención fiscal se ha usado para apoyar a hoteles de lujo, edificios de apartamentos y almacenes que casi no emplean gente y así sucesivamente. Además, ha enriquecido aún más a un puñado de inversionistas ricos y con buenas conexiones, entre los cuales se encuentra la familia de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump.
Antes que nada, la debacle de la zona de oportunidad no es el único ejemplo de abuso que ha permitido el recorte fiscal de Trump, el cual está además repleto de vacíos destructivos.
Después de todo, esto es lo que se puede esperar cuando fuerzas la aprobación de un proyecto de ley multibillonario en el Congreso sin una sola sesión, probablemente por miedo a que habría sido rechazada si alguien hubiera tenido tiempo de averiguar de qué se trataba. La redacción del proyecto de ley fue tan al vapor que muchas disposiciones se escribieron a mano al cuarto para las 12.
Entre otras cosas, la prisa de los holgazanes significó que buena parte del proyecto de ley fuera redactada por cabilderos que actuaban en nombre de sus clientes. Teniendo eso en cuenta, no debería sorprender que una disposición que se vendió como una política para ayudar a los pobres en realidad acabó siendo una dádiva para los fondos especulativos y los desarrolladores inmobiliarios.
Sin embargo, más allá de eso, la cuestión de la zona de oportunidad refleja la realidad de que los republicanos ya no están dispuestos a gastar dinero público en el interés público.
De hecho, el Partido Republicano moderno finge compartir metas tradicionalmente liberales, como la reducción de la pobreza o la cobertura médica expandida. Pero, al mismo tiempo, se rehúsa a gastar dinero en esas metas, tratando, en cambio, de sobornar a los inversionistas privados para que las cumplan ofreciendo exenciones fiscales con propósitos definidos. En gran medida, la razón es que ni el gobierno de Trump ni los republicanos en el Congreso han estado dispuestos a considerar la idea de construir infraestructura creando, por poner un ejemplo, infraestructura.
Podríamos pensar que en este momento estamos ante un argumento abrumador a favor de destinar gastos a obras públicas anticuadas.
Después de todo, la necesidad de incurrir en gastos es evidente, y los costos de financiamiento del gobierno son extremadamente bajos (los bonos de diez años protegidos contra la inflación de hecho están pagando intereses negativos). ¿Por qué no solo pedir prestado dinero y ponernos a trabajar en esos puentes?
Pero así no es como los republicanos modernos hacen las cosas.
