La información oficial es aterradora. “La imagen del país es de absoluta impunidad”, manifestó la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, durante una reunión con los presidentes de los tribunales superiores de justicia del país.
“Es decir -continuó-, el riesgo que corre un delincuente de alta peligrosidad de tener una sentencia condenatoria es de .2 por ciento. Total impunidad”; agregando que en México hay apenas 4.19 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio mundial es de 16.23 juzgadores. Y luego señaló enfática que tener una cifra tan reducida de jueces provoca que 43 por ciento de los detenidos por homicidio no haya recibido sentencia, con lo que se incrementa el índice de impunidad nacional. Yo digo por mi parte que no sólo es la imagen sino la imagen y la realidad: Absoluta impunidad en palabras de la responsable de la política interior de México.
Así evidentemente no se puede gobernar de una manera adecuada. Ahora bien, ¿es una advertencia, un simple señalamiento? No, es una especie de confesión, de revelación de algo no ignorado ni secreto. Es una reiteración, en palabras de quien la hace, de algo repetido y conocido hasta el cansancio y a lo que por lo visto no se le ha puesto remedio porque no se ha podido o no se ha querido. Pero tan tremenda y terrible noticia -insisto en que de sobra sabida- lleva implícito algo más. Es como si se dijera que una empresa está en quiebra. Doy por descontado que la Secretaria de Gobernación, dada su muy alta investidura política, no habló simplemente al vapor. Es una noticia escandalosa a nivel político, y obviamente jurídico, de una dimensión y consecuencias incalculables. Y no me atrevo a suponer siquiera que se le dé en el análisis noticioso un lugar secundario. Lo que me orilla a preguntar si en el gobierno se habrán dado cuenta de su alcance.
Noticia que conocieron de primera mano los encargados de impartir justicia. En otros términos, que sus resoluciones y sentencias en la proporción y medida que se quiera no producen ningún efecto. Estamos, pues, en un país en que el Estado de Derecho es lo mismo que nada en una situación de extrema y desbordada violencia. No se castiga salvo en una proporción mínima, siendo además que si se castigara sería un engaño la en rigor readaptación o “reinserción” (art. 18 Const.).
A esto yo lo llamo el Derecho Penal en crisis por lo que su función es prácticamente nula. Pero aparte de que se impone revisar la estructura o función del Derecho Penal vigente, ¿dio la Secretaria de Gobernación alguna posible solución a tan terrible problema? Ninguna. Entonces, ¿qué hacer? Se han debido quedar pasmados los presidentes de los tribunales superiores de Justicia del país; en especial porque no depende de ellos remediar la situación. Soluciones o vertientes de éstas, por cierto y a nivel de teoría, hay muchas; aunque el reto es que fueran o sean soluciones viables en México.
Sin embargo hay una verdad que resalta y sobrecoge a las mentes responsables, conscientes de que además de seres individuales con un destino personal somos seres sociales, o sea, suma de individualidades con un destino común. Y éste, por la impunidad manifiesta, se halla en un vacío falto de contenido físico, moral y jurídico. La declaración de la Secretaria de Gobernación equivale a que hubiera dicho: “Hay una terrible epidemia pero no tenemos medicinas para enfrentarla”. Estamos por lo tanto a la espera de otra noticia en que se nos diga qué hacer para que no haya impunidad, y cómo curar la terrible enfermedad del cuerpo social.
@RaulCarranca
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