En los años sesenta el abogado judío Fritz Bauer promovió una serie de juicios contra funcionarios y simples ciudadanos a los que se acusó de participar en las persecuciones del régimen nazi. A diferencia del tribunal de Nurembeg, se trataba de lograr que fueran los propios alemanes quienes castigaran a los responsables de las masacres del holocausto. En Alemania, como más tarde en Argentina y en Chile un argumento de la defensa de los acusados fue la debida obediencia de las órdenes de regímenes militares y de sus superiores.
Parecida argumentación se perfila en el caso del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien, según trasciende, en sus declaraciones ante la Fiscalía General de la República estará aduciendo haber recibido y acatado órdenes del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, para la comisión de los delitos de fraude electoral y de corrupción a cambio de los sobornos de la empresa Odebrecht. La coartada caería por tierra si el juzgador tuviera en cuenta que el acatamiento de las órdenes que afirma haber recibido significó para el exdirector de Pemex jugosas ganancias que están a la vista con las fabulosas propiedades y la fortuna amasada a cambio de sus actos de corrupción. Además, hay evidencias de que Lozoya fue el promotor de los sobornos de Odebrecht y otras operaciones de corrupción, de tal manera que aparecería no sólo como un empleado obediente de órdenes superiores, sino como cómplice, partícipe y cerebro de sus actos delictivos.
El gobierno no busca la aplicación de la justicia sino la configuración de un escenario mediático en el que el exdirector de Pemex aparece como víctima de las maquinaciones de sus superiores. La operación ya comenzó con videos anónimos y filtraciones que a Fiscalía General dice no reconocer como parte de las declaraciones en el proceso. En ese juego de manipulaciones y de verdades a medias en el caso de Lozoya, el proceso terminaría con la declaración del perverso recurso del sistema procesal penal del criterio de oportunidad que terminaría con el retiro de toda acusación contra el exfuncionario de la paraestatal. El presidente de la República insiste en la difusión de los supuestos testimonios de Lozoya que mostrarían ante la opinión pública, no ante los tribunales, la red de corrupción iniciada desde el gobierno de Felipe Calderón y continuada en el de Peña Nieto. Al presidente no le interesa someter a juicio a los expresidentes, posibilidad que deja en manos del voto ciudadano. De esta manera, el gobierno de la República se convertiría en encubridor de delitos de corrupción cuyo enjuiciamiento sería su responsabilidad, según su compromiso de aplicar y velar por la aplicación de la Constitución y las leyes que de ella emanan.
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