Por Alejandro Torres Rogelio*
La exigencia social para saber qué provocó que cientos de personas perdieran la vida o quedaran lesionadas como consecuencia del derrumbe de edificios por el sismo del 19 de septiembre, necesariamente pasa por el ejercicio de un derecho fundamental como es el acceso a la información pública.
Los derechos a la verdad y a la justicia para todas las víctimas, y que hoy demandamos todos, solo podrán ejercerse efectivamente si conocemos con certeza y oportunidad si hubieronactos de corrupción, negligencia u omisiones detrás de la destrucción de inmuebles.
El deslinde de responsabilidades no puede devenir en un linchamiento público, no puede haber justicia sin contar con la evidencia de lo que cada servidor público del pasado o presente, así como particulares e inmobiliarias hicieron o dejaron de hacer.
Lo mismo ocurre con la reconstrucción que desde los ámbitos federal y local se articula para darle viabilidad institucional y presupuestaria a las necesidades de miles de familias que quedaron con alguna lesión física o sicológica, y también a quienes perdieron su patrimonio o sus fuentes de trabajo.
Los derechos a la vivienda, al trabajo, a la salud y a la educación podrán ejercerse, entre otros factores, si se hace pública la nueva información que se genera y la que ya tienen las diversas instancias públicas, e incluso privadas, involucradas en la reconstrucción y rehabilitación.
Por ello es de gran relevancia que la “Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una Ciudad cada vez más Resiliente”, creada por decreto del Jefe de Gobierno, trabaje conforme a los estándares de publicidad y transparencia, participación ciudadana y gobierno abiertos que impone la ley de la materia.
El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (InfoDF) incorporó el martes pasado a esa Comisión al padrón de sujetos obligados, es decir, al conjunto deentidades públicas que deben cumplir con varias obligaciones de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y gobierno abierto contenidas en la ley.
Para darle viabilidad al derecho a saber en un asunto del mayor interés público, el InfoDF determinó que la Comisión –en la que intervienen 27 instituciones públicas- deberá atender las solicitudes que le hagan los ciudadanos, tener un portal de internet para informar de manera proactiva los aspectos más relevantes de su actuación, generar su información en formatos abiertos y que tenga mecanismos de participación ciudadana.
En 1985, México no tenía leyes ni instituciones que garantizaran ese derecho, pero hoy esos vacíos de información no tienen cabida pues las normas de transparencia exigen a toda autoridad, federal y local, documentar cada acto que realicen y dar cuenta de ello incluso de manera proactiva.
A diferencia de aquel entonces, hoy han surgido iniciativas muy destacadas tanto para identificar plenamente a las víctimas, como para referenciar geográficamente los inmuebles dañados y las acciones a realizar en cada caso.
Por ello, la autoridad debe hacer público lo qué pasó y lo qué se hará, mientras que los ciudadanos deben continuar ejerciendo su derecho a la información pública para hacer efectivos sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño, a la salud, al trabajo, a la educación, a la salud, a una vivienda y a una ciudad digna.
*Comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (InfoDF).