En el año 2010, el entonces presidente de la República solicitaba el apoyo de propietarios y directivos de los medios de comunicación para "alcanzar mejores resultados en la lucha por la seguridad pública". La reunión de trabajo se efectuó dentro del marco de algo nuevo que se llamaba Diálogo por la Seguridad, hacia una Política de Estado. Me daba la impresión que el Gobierno federal ya no sabía qué inventar para lograr credibilidad en sus acciones.
Se pidió a los representantes de los medios de comunicación adoptar códigos y protocolos de tema con base en experiencias internacionales; no hacer apología del delito; dar seguimiento a deliberaciones y propuestas del tema; difundir campañas de prevención de la violencia y las adicciones, y permitir que la ciudadanía participara en el debate y propusiera acciones a seguir. Era más de lo mismo. Siempre tuve la impresión que este “nuevo” Diálogo no serviría para nada.
Desde hace años he sabido que la guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico es una contienda brutal en la cual siempre sale perdiendo la sociedad.
Por esas razones, el periodista californiano Jon Lee Anderson (nacido en 1957) decía también en 2010 que en los llamados países emergentes "la gente buscaba cambiar el mundo o por lo menos sus propias vidas". Hablando de nuestro país, dijo "México está en la parte más horrible del capitalismo, mercado llevado a sus dimensiones más brutales. La gente pobre dejó de irse a las montañas con las guerrillas; ahora se va con los cárteles de la droga".
Hace unos 40 años el tráfico o comercio de estupefacientes no existía como un fenómeno sobresaliente. La PGR era la dependencia que registraba y combatía a los productores de mariguana y amapola en regiones muy identificadas y pequeñas y a los pocos traficantes de las mismas. Las exigencias de los consumidores del país del norte no eran tan altas. Hace tan sólo 30 años.
Vuelvo a citar a Anderson en 2011: "Hoy en día el dinero fluye en los estratos más bajos de las sociedades, sobre todo a través del crimen. Los jóvenes rebeldes de la década de los cincuenta del siglo pasado decían: vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver". Anderson agrega: "Hay mucho cinismo en México. El Estado nunca ha emergido. El Gobierno, la policía, todos producen desconfianza. Es poco probable que haya confianza en medio de la guerra contra el narco que, desde 2006, ha provocado 22 mil muertos. No sé si fue bueno o malo que el Felipe Calderón haya preferido la vía militar; lo que sí sé es que tienen una guerra que debe enfrentarse con todos los métodos. Si hay hospitales con el nombre y el apoyo de 'El Chapo' Guzmán, ¿qué puede hacer el Gobierno?"
Hoy el gobierno federal está haciendo esfuerzos sobrehumanos para evitar que las malas decisiones tomadas entonces sigan destruyendo el entramado del “tejido social”, y aunque no lo menciona, aplica acciones de Política Criminal en varias entidades, que es la única solución para este gran problema de inseguridad propiciado y heredado.
La Política Criminal es considerada como el conjunto de medidas empleadas por los órganos de gobierno, para hacer frente a la criminalidad que afecta a un Estado, con la intención de encontrar soluciones pertinentes en la disminución de los niveles de delincuencia, respetando el Estado de Derecho.
Lamentablemente en México, el derecho penal y los servidores públicos encargados de formarlo, aplicarlo y ejecutarlo, han sido rebasados por los altos niveles de criminalidad; posiblemente por falta de actitud y aptitud, por debilitamiento de las instituciones, falta de vocación, o por intereses mezquinos de quienes detentan el poder. Resulta imprescindible llevar a cabo un estudio profundo sobre los elementos constitutivos del delito y del delincuente; así como los procedimientos en la formulación, aplicación y ejecución de las normas jurídico penales; es por ello, que en el presente trabajo se analizaran importantes pensadores que han contribuido en la construcción de conceptos, que guardan una relación directa con el tema.
El criminólogo José Díaz de León Cruz señala: “La delincuencia en nuestro país, constituye un fenómeno social de grave entidad, dado que incide contra una serie de valores humanos: la vida, la libertad, la salud colectiva, la propiedad, entre muchos otros; de ahí que resulte válido afirmar que la delincuencia es una amenaza para todo Estado de derecho y para la estabilidad político-social de cualquier nación. Dicho en otras palabras, la moderna Política Criminal de Estado, se convierte entonces, en el bastión jurídico-político sobre el cual, habrán de organizarse, y accionarse, una gama de recursos, conocimientos, personal y materiales existentes, a fin de combatir el cáncer social denominado delincuencia, en sus dos vertientes, ya sea ordinaria, o bien, organizada”.
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