Lamentablemente el 2017 será recordado por los mexicanos como el año más violento en la última década y solo comparado con el 2011. Lo curioso del asunto es que estos periodos fueron previos a una elección presidencial. ¿Coincidencia? En este sentido, Luis Raúl González Pérez presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), puso el dedo en la llaga al señalar que México atraviesa una crisis de inseguridad y considera que las corporaciones policiacas no van a ser suficientes para contener esta cascada de sangre.
A esta realidad no escapa el estado de Colima, desde febrero del 2016 cuando llegó al poder el gobernador de la entidad José Ignacio Peralta Sánchez la inseguridad ha sido el tema más complejo que ha tenido que enfrentar su administración. Además, con el agravante de que cuando fue candidato la principal promesa de su campaña era devolverle la tranquilidad a los colimenses. Sin embargo, por más esfuerzos que ha realizado en esta materia no ha logrado frenar la violencia y la población es la que sufre las consecuencias. Se ha tratado de minimizar la situación a través de un gasto excesivo en el manejo de la publicidad oficial durante el primer tercio del mandatario. Lo más grave es que las autoridades han incumplido la obligación legal de transparentar públicamente la distribución de los montos destinados a ese rubro presupuestal.
Siguiendo este guión y como parte de una estrategia oficial se montó una cacería de brujas en contra de exfuncionarios de la administración anterior. Como era de esperarse esta situación se ha revertido para el gobierno estatal, principalmente por tres razones:
La primera razón tiene que ver con el hecho de que la defensa legal del exsecretario ejecutivo del Secretariado de Seguridad Pública, Gustavo Allen Ursúa Calvario, presentó el pasado 7 de noviembre un juicio político contra el titular del Organismo Superior de Auditoría y Fiscalización (Osafig) y los integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso local.
Desde su punto de vista actuaron con dolo, ejerciendo atribuciones de manera indebida y suplantando las funciones que constitucional y legalmente conciernen a las instancias competentes que en este caso sería la Auditoría Superior de la Federación que en su momento auditó las cuentas de los ejercicios presupuestales de 2012 a 2015.
Llama la atención que Ursúa Calvario emprendiera su defensa basándose en el derecho al “buen nombre” de servidores público, en contravención de lo dispuesto por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos con clara repercusión a las disposiciones concernientes al principio de presunción de inocencia que, de conformidad con los más recientes criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe hacerse extensivo a los procedimientos administrativos como son las auditorías
La segunda razón se relaciona al hecho de que los diputados del Congreso local se dividieron en este tema y esto tiene que ver con el exgobernador Mario Anguiano Moreno quien ha operado y está apostando a que se empantane el asunto.
La tercera razón tiene que ver con la opinión pública, se están dando cuenta que ha actuado mal la Comisión de Hacienda y el titular del Osafig, Carlos Armando Zamora, quien ha dado una serie de declaraciones confusas y sin fundamento que han provocado que pierda peso político.
En este contexto de violencia y descalificaciones, vale la pena preguntarse algunas cuestiones: ¿Bajo qué condiciones de seguridad se realizará el proceso electoral del 2018? ¿El crimen organizado intentará poner de rodilla al próximo presidente de la Republica? Esperemos que no sea así.
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