Nuestro país tiene una justicia penal ineficiente, todos lo sabemos. Las desigualdades económicas y sociales acentúan los problemas del sistema de procuración y administración de justicia. La tasa de homicidios dolosos y delitos de alto impacto no hace más que subir, y pocas personas quedan de frente a un juez.
Los asuntos que afectan a la ciudadanía a ras de piso se quedan en el silencio o en la nota roja, mientras que el procedimiento en contra de Lozoya está en primera plana y sin resultados concretos. Sin embargo, los temas ciudadanos y la pesquisa en contra de Lozoya comparten una cosa: se enredan y se enredan en un mundo de papel.
Uno de los problemas centrales de nuestra justicia son sus formalidades. La policía, los ministerios públicos y los jueces quedan atrapados en papeles, mientras que el fenómeno delictivo sigue avanzando. Querido lector, no encuentro mejor manera de generar una imagen de esto, que poniendo a su disposición el ejemplo que le narro en las siguientes líneas.
Una persona fue acusada, de manera injusta, de diversos delitos, entre ellos delincuencia organizada en la Ciudad de México -en aquellos tiempos en los que Mancera negaba que existiera delincuencia organizada en la Capital-. Su abogado ganó un amparo en contra del delito mencionado, y se ordenó que la persona fuera procesada ante un juez federal, lo cual ya parecía un absurdo pues estaba siendo juzgada dos veces por el mismo hecho. En efecto, 7 años después de ser acusado de delincuencia organizada en la Ciudad de México, ahora enfrentaba el cargo ante un juez federal. Aquí ya hablamos de miles y miles de hojas que integraban el expediente completo.
El juez federal absolvió a la persona, éste señaló que no había elementos de prueba, después de años y años en una acusación falsa y la vida de una persona truncada. Sin embargo, el Ministerio Público apeló y el caso llegó hasta un magistrado federal. Cuanto tiempo, trámite y papel en contra de una persona inocente. En la apelación se señaló un día y hora para una audiencia. El abogado llegó tarde cinco minutos a la cita por el tráfico y no pudo comparecer. El Magistrado multó al defensor particular e impuso otra sanción. El abogado defensor (muy apenado) se ofreció a pagar la multa a la brevedad a través de un documento que se llama billete de depósito. El juzgador decidió que no, que el abogado no pagaría a través del método más sencillo, sino que se hiciera el trámite a través del Sistema de Administración Tributaria. Imagínese usted los enredos de la justicia. A usted le piden un pago, usted ofrece pagar a la brevedad y el juez decide que se haga por medio de la forma más complicada.
La audiencia de apelación se llevó a cabo y la persona fue absuelta, pero la multa nunca se le logró imponer al abogado, éste sigue esperando que el SAT se la cobre. Con esta imagen nos podemos dar cuenta que la justicia siempre escoge el camino más complejo para lograr sus objetivos. Y, que es difícil colaborar para que las cosas sean más sencillas. Ojalá que nuestros jueces sean más prácticos y que el sistema de procuración y administración de justicia se enfoque en procesar a personas con pruebas y no en fabricar culpables, así como evitar empapelar asuntos con trámites poco efectivos como multas a través del SAT.
@jangulonobara
