En los diecisiete foros que tendrán lugar en busca de la pacificación y la reconciliación, el primero de los cuales fue inaugurado ayer en Ciudad Juárez por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, flota la idea expuesta durante la campaña electoral: un pacto con la delincuencia, organizada o no, que lleve a un imaginario armisticio, al perdón anticipado o a una ley de amnistía que olvide agravios a la sociedad. Sujeto al análisis y la crítica desde el momento en que fue anunciado, el plan que la próxima administración se propone someter al escrutinio de la ciudadanía –consultismo según la moda en boga—va más allá de la aclaración semántica porque las palabras trascienden la forma.
Los términos paz o pacificación, en el caso del grave problema de la delincuencia y la seguridad no son las adecuadas para la política que debe aplicarse en los próximos años. La paz mediante el perdón, el olvido o el armisticio sólo se negocian y se pactan entre dos partes beligerantes en una guerra declarada. Se cita como ejemplo el caso de Colombia, en el que los contendientes, dijeron abandonar las armas y terminar así las hostilidades. Pero en Colombia, después del armisticio firmado entre el gobierno y las guerrillas de las FARC, la violencia y las acciones bélicas continúan. En Colombia se ha librado una batalla cuyo contenido es ideológico o al menos corresponde a causas sociales. Es la diferencia con la delincuencia motivada sólo por el crimen y el interés económico.
Con los foros que comenzaron ayer en la frontera entre México y Estados Unidos, la administración de López Obrador –y en buena hora—apunta a un esfuerzo loable en el que se escuchará la voz de los expertos en materia de educación, salud, combate a la pobreza, elementos que deben atenderse como factores para superar el problema de la delincuencia. Debe escucharse también el sentir de los cientos de miles de víctimas y de las comunidades que viven la zozobra y la amenaza por la inseguridad. Tienen razón quienes señalan el fracaso de la “guerra” declarada hace doce años por el gobierno de Felipe Calderón contra la delincuencia. El combate al crimen organizado, en su mayoría ligado al gran negocio internacional del narcotráfico requiere programas sociales y económicos como los que –hay que reconocerlo—se han puesto en práctica en la actual administración. Es necesario también revisar las implicaciones de la delincuencia con las grandes organizaciones internacionales del tráfico de estupefacientes, así como las relaciones y reforzar los tratados con otros países sobre la materia. Mientras existan los mercados, especialmente el norteamericano, intocado por las autoridades del vecino país, la producción, el trasiego y el comercio de las drogas seguirán siendo un negocio. Pero no es con ilusorios entendimientos con la delincuencia como el problema de la inseguridad puede ser resuelto. México no está en guerra ni hay partes beligerantes que permitan identificar con toda precisión y justicia a supuestos sujetos de un perdón o una amnistía que en las circunstancias actuales resultan impracticables. Bienvenido el esfuerzo por alcanzar la tranquilidad y la seguridad que el Estado debe garantizar, con la ley en la mano, a toda la población.
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