En el nuevo año se generaliza una errónea interpretación lesiva al país y a la democracia, que da al término mandatario la connotación de quien manda; consecuencia de esa confusión, se pretende conjugar el inexistente verbo mandatar diciendo que la ley mandata tal o cual decisión de la autoridad. La ley no mandata, sino que establece, dispone y en ciertas circunstancias ordena y hasta manda sobre quien debe cumplirla y ejecutarla. Así, el presidente de la República no es el primer mandatario ni el mandamás, pues al cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan se convierte más bien en el gran obediente de las instituciones del Estado, a las que está obligado a fortalecer en vez de destruirlas o pasar por encima de ellas. El mandatario es el que recibe el mandato surgido de la votación popular, que es la gran consulta de la que derivan todas sus acciones y determinaciones.
La errónea interpretación de los términos mandatario y mandato genera a su vez los rasgos de autoritarismo que con mayor acentuación están generalizando a la actual administración. Directa o indirectamente, disfrazándolas de consultas ciudadanas o encuestas, el presidente de la República da órdenes que invariablemente acata el aparato administrativo y hasta los poderes legislativo y judicial dominados por el partido mayoritario y los seguidores ciegos de la voluntad presidencial. Basta una sugerencia del habitante de Palacio Nacional para que la dirigencia morenista de la Cámara de Diputados emprenda una persecución contra los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral que votaron en favor del aplazamiento del proceso para la revocación de mandato o confirmación de la gestión presidencial ante la falta de presupuesto dispuesta por la propia cámara baja y sancionada por la Suprema Corte de Justicia. Pero quizá un caso más significativo del autoritarismo que avanza y amenaza con revelarse como el signo del gobierno federal en este año es el injusto confinamiento de la ex secretaria de Desarrollo Social y Urbano, Rosario Robles, acusada hasta ahora de delitos que no justifican prisión preventiva como son los de uso indebido de la función pública y omisión.
En las primeras semanas de la actual administración el presidente López Obrador afirmó que en el caso de Rosario Robles no era su intención ni su voluntad crear chivos expiatorios al amparo de las investigaciones por la llamada estafa maestra en la que se involucra a la propia Rosario Robles y a otros funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Semanas después Rosario Robles fue detenida cuando regresaba al país para ponerse a disposición de la justicia en el caso de la estafa maestra. Con el argumento de que los medios económicos de los que supuestamente dispone le permiten la fuga para eludir las acciones de la justicia, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez de control el encarcelamiento de Rosario Robles, confirmado por otros impartidores de justicia en las actuaciones de la defensa de la ex-funcionaria.
El curso del proceso a Rosario Robles permite tener la certeza de que la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha venido acatando puntualmente una orden superior en la que se adivina el carácter autoritario no confesado, sino más bien solapado en las diversas resoluciones aparentemente judiciales que mantienen a Rosario Robles en el penal de Santa Martha. El poder del autoritarismo se manifiesta en el acatamiento de la orden por parte de diferentes jueces en el proceso que mantiene a Robles en la cárcel. La fiscalía, por su parte, aprieta los tornillos de las rejas de la celda de Santa Martha al agregar al expediente de Rosario Robles delitos como el de delincuencia organizada y otros en los que busca evitar toda posibilidad de que algún magistrado le permitiera continuar el proceso en prisión domiciliaria.
Desde los primeros años después de terminada la lucha armada de la revolución, sólo en el período conocido como el maximato de Plutarco Elías Calles se había dado el fenómeno del autoritarismo desde la cima del poder. Asesinado Álvaro Obregón en 1928 cuando estaba a punto de comenzar una discutida reelección, Plutarco Elías Calles rechazó rumores y sugerencias que apuntaban a una continuación de su mandato. En cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución, Plutarco Elías Calles promovió el nombramiento por parte del Congreso de un presidente interino, Emilio Portes Gil, quien en el término de un año debería convocar, como lo hizo, a elecciones para el nombramiento de un presidente sustituto que concluiría el período de seis años de Álvaro Obregón. El propósito autoritario de Calles no se vio empañado por el proceso electoral del que surgió el primer candidato del recién creado Partido Nacional Revolucionario en favor de Pascual Ortiz Rubio, ganador en reñidos comicios contra la candidatura de José Vasconcelos en 1929. Comenzaba así el llamado maximato de Calles, que ejerció con todo rigor el poder autoritario sobre el presidente Ortiz Rubio, legítimamente elegido por el voto popular. La presión autoritaria fue de tal magnitud que en 1932 Ortiz Rubio se vio obligado a renunciar a la presidencia con la fórmula de licencia indefinida. El presidente michoacano se negaba así a plegarse al mando autoritario de Plutarco Elías Calles, pero el maximato siguió aplicando su poder en los años siguientes bajo el gobierno del general Abelardo Rodríguez y se prolongó hasta los inicios de la administración de Lázaro Cárdenas quien no vacilaba en reconocer en Calles al padrino de su candidatura a la presidencia en 1934. No obstante, el general Cárdenas terminó de tajo con el autoritarismo de Calles al enviarlo por la fuerza a un destierro del que sólo regresaría en la administración de Manuel Ávila Camacho bien entrados los años cuarenta del siglo pasado. Desde entonces los gobiernos del trasformado Partido Revolucionario Institucional y los dos de la alternancia con el de Acción Nacional ejercieron administraciones en las que el mando del presidente de la República, por amplio que fuera, estuvo acotado por los otros poderes de la Unión y al correr de los años por los órganos de control y equilibrio del poder construidos como instituciones de la democracia.
De Andrés Manuel López Obrador se dice que es el presidente con más poder en la historia reciente de México, afirmación apoyada por las circunstancias y la amplitud de su triunfo en las elecciones de 2018. Otros presidentes habían tenido fuerza similar por el control que alcanzaron en lo político, principalmente ante la debilidad de la oposición. Pero ninguno de ellos tuvo el carácter de autoritarismo o del gobierno de un solo hombre como el adquirido por Porfirio Díaz en sus más de treinta años de dictadura. Hoy, con la errónea interpretación de palabras de uso común en la política el presidente se manifiesta como el primer mandatario, es decir no en lo obediente depositario del poder, sino el que ejerce un mando aceptado por políticos y seguidores en una carrera hacia el pleno autoritarismo que amenaza al país.
