La situación política en Baja California por la llamada “Ley Bonilla” todavía va para largo . El propio gobernador electo, Jaime Bonilla, andan echando las campanas al vuelo por la decisión del Congreso local de ampliar de dos a cinco años el próximo gobierno de la entidad, que iniciará el 1 de noviembre.
El Congreso local está facultado para modificar la Constitución Política del Estado, ni duda cabe. En este caso, los diputados, incluidos del PRI y del PAN, avalaron reformar el artículo octavo transitorio del artículo 44 de su ley suprema, a fin de que la gubernatura electa en el proceso electoral pasado inicie funciones el 1 de noviembre del 2019 y concluya el 31 de octubre del 2024, y no en el 2021 como estaba con la modificación del 2014.
Sin embargo, será un asunto que habrá de terminar en los tribunales y, seguramente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la última palabra, porque en la contienda pasada los electores votaron por un gobernador de dos años, es decir hasta el 2021. Por supuesto, no se trata de gobernar a la carta.
El titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, ante los cuestionamientos de los reporteros, señaló: “vamos a esperar a los tribunales, porque les aseguro que nada que sea injusto va a prosperar”, y de paso recordó que su gestión es diferente a las anteriores, en las que todo lo decidía el presidente. Ahora ya no, dice categórico, con lo que Dejo ver que en el caso Baja California esperará que las instancias resuelvan apegadas a la ley.
Tanto la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, como del PAN, Marko Cortés, ya anticiparon que impugnarán las reformas y preparan una controversia constitucional para frenar lo que consideran fuera de toda legalidad y otras voces opositoras afirman que es un ensayo para la reelección de López Orador.
El propio Cuauhtémoc Cárdenas, que había casi desaparecido de la escena política, criticó que “el Congreso de Baja California ha decidido vulnerar orden republicano y democrático. Ofende inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo". O la consejera del INE, Pamela San Martín que sostiene que la decisión viola el Estado de Derecho, pues es anticonstitucional, suprime decisiones jurisdiccionales y atenta contra la elección del 2 de junio.
Y pues sí, todo parece indicar que habrá que esperar el capítulo final de esta bochornosa película para la democracia del país. Estoy plenamente convencido que esta ilegalidad se va a revertir; si no daría pauta para que otros gobernadores hagan lo mismo . Como la ve ?
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