/ lunes 12 de febrero de 2018

La liberación

La liberalización del precio de la gasolina tiene un costo elevado para la sociedad. Hogares y empresas han debido enfrentar un incremento no observado durante las primeras décadas del siglo XXI.

En diciembre del 2017 el precio de la gasolina de bajo octanaje se elevó 17.5% respecto al mismo periodo del año previo. La de alto octanaje lo hizo en 22.6%. La inflación en el gas doméstico fue de 39%.

El argumento utilizado para justificar la liberalización del precio de los combustibles fue la restricción que enfrentan las finanzas públicas, ello hacía insostenible mantener su subsidio, unos 200 mil millones de pesos anuales. Con la liberalización los recursos salen directamente del bolsillo de empresas y hogares.

Hay algo paradójico, desde el 2002 las finanzas públicas tienen ingresos excedentes a lo presupuestado, lo cual debería permitir ejecutar todo el gasto público autorizado por el Congreso de la Unión, incluyendo los subsidios. Solo como referencia: en 2017 los ingresos excedentes fueron 586 mil millones de pesos, 686 mil millones en 2016, 242 mil millones en 2015, 166 mil millones en 2014 y 202 mil millones en 2013.

Como se puede observar, el problema no es la falta de recursos, aún con bajos precios de petróleo se obtuvieron ingresos excedentes. Por tanto, se debió instrumentar una estrategia de transición para evitar que la sociedad sufriera el impacto directo del aumento en los combustibles, especialmente cuando el problema fue originado por el descuido en la administración del sector energético: México debió ser autosuficiente en la generación de sus propias gasolinas: tiene la dotación de petróleo y había construido refinerías que llegaron a ser referencia mundial.

El error fue que desde la década de los años ochenta no se invirtió en el desarrollo de tecnología de vanguardia en el sector. Por el contrario, incubó gasto improductivo.

Por ello, México es importador de la mitad de los combustibles que consume. La depreciación del peso, la variación del precio internacional, problemas climáticos como huracanes o frío excesivo, por ejemplo, afectan al precio doméstico de la gasolina. Hoy todo eso es pagado por empresas y hogares mexicanos. Representa el costo social de la falta de modernización de las refinerías con las que cuenta el país y no haber construido nuevas a lo largo de las últimas décadas.

Bajo la hipótesis errónea de que es más barato importar gasolina porque México no tiene la tecnología adecuada, se decidió subutilizar las refinerías establecidas y limitar su presupuesto de inversión.

El planteamiento de que no es rentable refinar petróleo para obtener gasolinas choca con el hecho de que México es un buen negocio para las empresas extranjeras: un consumo que va al alza porque es necesario para el transporte carretero, la principal forma de comunicación de 123 millones de mexicanos y de los 800 mil millones de dólares en bienes exportados e importados cada año.

El gasolinazo de libre mercado es socialmente negativo y no habrá punto de retorno sí México no implementa una política energética de fomento a la producción de combustibles baratos.

La liberalización del precio de la gasolina tiene un costo elevado para la sociedad. Hogares y empresas han debido enfrentar un incremento no observado durante las primeras décadas del siglo XXI.

En diciembre del 2017 el precio de la gasolina de bajo octanaje se elevó 17.5% respecto al mismo periodo del año previo. La de alto octanaje lo hizo en 22.6%. La inflación en el gas doméstico fue de 39%.

El argumento utilizado para justificar la liberalización del precio de los combustibles fue la restricción que enfrentan las finanzas públicas, ello hacía insostenible mantener su subsidio, unos 200 mil millones de pesos anuales. Con la liberalización los recursos salen directamente del bolsillo de empresas y hogares.

Hay algo paradójico, desde el 2002 las finanzas públicas tienen ingresos excedentes a lo presupuestado, lo cual debería permitir ejecutar todo el gasto público autorizado por el Congreso de la Unión, incluyendo los subsidios. Solo como referencia: en 2017 los ingresos excedentes fueron 586 mil millones de pesos, 686 mil millones en 2016, 242 mil millones en 2015, 166 mil millones en 2014 y 202 mil millones en 2013.

Como se puede observar, el problema no es la falta de recursos, aún con bajos precios de petróleo se obtuvieron ingresos excedentes. Por tanto, se debió instrumentar una estrategia de transición para evitar que la sociedad sufriera el impacto directo del aumento en los combustibles, especialmente cuando el problema fue originado por el descuido en la administración del sector energético: México debió ser autosuficiente en la generación de sus propias gasolinas: tiene la dotación de petróleo y había construido refinerías que llegaron a ser referencia mundial.

El error fue que desde la década de los años ochenta no se invirtió en el desarrollo de tecnología de vanguardia en el sector. Por el contrario, incubó gasto improductivo.

Por ello, México es importador de la mitad de los combustibles que consume. La depreciación del peso, la variación del precio internacional, problemas climáticos como huracanes o frío excesivo, por ejemplo, afectan al precio doméstico de la gasolina. Hoy todo eso es pagado por empresas y hogares mexicanos. Representa el costo social de la falta de modernización de las refinerías con las que cuenta el país y no haber construido nuevas a lo largo de las últimas décadas.

Bajo la hipótesis errónea de que es más barato importar gasolina porque México no tiene la tecnología adecuada, se decidió subutilizar las refinerías establecidas y limitar su presupuesto de inversión.

El planteamiento de que no es rentable refinar petróleo para obtener gasolinas choca con el hecho de que México es un buen negocio para las empresas extranjeras: un consumo que va al alza porque es necesario para el transporte carretero, la principal forma de comunicación de 123 millones de mexicanos y de los 800 mil millones de dólares en bienes exportados e importados cada año.

El gasolinazo de libre mercado es socialmente negativo y no habrá punto de retorno sí México no implementa una política energética de fomento a la producción de combustibles baratos.

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