/ martes 14 de agosto de 2018

La Libertad de Elba Esther Gordillo

La mayoría de la sociedad mexicana nos sentimos defraudados por la decisión del tribunal federal y por la actuación de la PGR en el caso de la maestra. Tratemos de explicar las razones técnicas que nos llevaron a este punto.

El Juez Sexto de Procesos Penales Federales negó la libertad a la maestra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada en mayo de este año.La maestra apeló la decisión y el Primer Tribunal Unitario entró al estudio el 13 de junio, para resolverhace unos días. Llama la atención, la mayor celeridad de la justicia en este caso. En nuestro país, la tramitología de un recurso de apelación con este tipo de delitos, puede llevar algunos meses más, entre seis a siete meses y no tres mensualidades. Ésta no es una excepción hecha a la maestra. En nuestro país y casi en todo el mundo, todos los casos con mucha luz pública, asuntos de grandes organizaciones no gubernamentales o que involucran a la clase política van primero en la fila. Este problema de la justicia no es sencillo de resolver. La justicia penal, a ras de piso, la hemos dividido en populares e impopulares, en políticos y ciudadanos, famosos y comunes, buenos y malos. Así, la justicia que era ciega en la teoría, usa lupa en la realidad.

El Juez Sexto de Procesos Penales Federales señaló que millones de pesos se habían transferido del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacióna cuentas de terceros. Cuestión que para el juez resultaba contra la ley. Se debe señalar que la Procuraduría General de la República recabó toda la información sin autorización judicial. Olvidemos por un momento que es el caso de la maestra, piense usted que la PGR, sin autorización judicial, entra a observar sus movimientos bancarios.

En la apelación se debatió el problema del secreto bancario y la autorización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para que se hicieran las mencionadas transferencias. Como ya se debe de imaginar, con el tema del secreto bancario se ganó en la apelación. En efecto, nuestras cuentas bancarias solo pueden ser investigadas a través de la orden de un juez. Nos puede gustar o no el criterio, pero a la larga es mejor para todos. La ley “no” se aplica en función de quién está acusado y su popularidad. Debemos de voltear a ver a la PGR y preguntar ¿por qué nunca acude a un juez para entrar a la esfera de lo íntimo?Usted también ya debe presentir que se probó la autorización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí, de nueva cuenta, es la aplicación de la ley a tabla rasa. Los ciudadanos y las autoridades debemos de reflexionar ¿Cuántas cosas debemos cambiar sobre la autonomía sindical? y ¿Es correcta o incorrecta para el país?

Los juicios éticos, mediáticos y los de las redes sociales son sumarios y sin conocer los detalles de los procesos judiciales y, en los procedimientos ante una autoridad judicial, son los trazos finos los que hacen la diferencia. No me gustan las formas en que se conducen muchos de los sindicatos en el país, pero eso no lo hace ilícito. Esto nos invita a proponer ante el poder legislativo las reformas necesarias para cambiar el cómo, cuándo y en qué condiciones se mueven los contratos colectivos de trabajo.

Dr. En Derecho


La mayoría de la sociedad mexicana nos sentimos defraudados por la decisión del tribunal federal y por la actuación de la PGR en el caso de la maestra. Tratemos de explicar las razones técnicas que nos llevaron a este punto.

El Juez Sexto de Procesos Penales Federales negó la libertad a la maestra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada en mayo de este año.La maestra apeló la decisión y el Primer Tribunal Unitario entró al estudio el 13 de junio, para resolverhace unos días. Llama la atención, la mayor celeridad de la justicia en este caso. En nuestro país, la tramitología de un recurso de apelación con este tipo de delitos, puede llevar algunos meses más, entre seis a siete meses y no tres mensualidades. Ésta no es una excepción hecha a la maestra. En nuestro país y casi en todo el mundo, todos los casos con mucha luz pública, asuntos de grandes organizaciones no gubernamentales o que involucran a la clase política van primero en la fila. Este problema de la justicia no es sencillo de resolver. La justicia penal, a ras de piso, la hemos dividido en populares e impopulares, en políticos y ciudadanos, famosos y comunes, buenos y malos. Así, la justicia que era ciega en la teoría, usa lupa en la realidad.

El Juez Sexto de Procesos Penales Federales señaló que millones de pesos se habían transferido del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacióna cuentas de terceros. Cuestión que para el juez resultaba contra la ley. Se debe señalar que la Procuraduría General de la República recabó toda la información sin autorización judicial. Olvidemos por un momento que es el caso de la maestra, piense usted que la PGR, sin autorización judicial, entra a observar sus movimientos bancarios.

En la apelación se debatió el problema del secreto bancario y la autorización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para que se hicieran las mencionadas transferencias. Como ya se debe de imaginar, con el tema del secreto bancario se ganó en la apelación. En efecto, nuestras cuentas bancarias solo pueden ser investigadas a través de la orden de un juez. Nos puede gustar o no el criterio, pero a la larga es mejor para todos. La ley “no” se aplica en función de quién está acusado y su popularidad. Debemos de voltear a ver a la PGR y preguntar ¿por qué nunca acude a un juez para entrar a la esfera de lo íntimo?Usted también ya debe presentir que se probó la autorización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí, de nueva cuenta, es la aplicación de la ley a tabla rasa. Los ciudadanos y las autoridades debemos de reflexionar ¿Cuántas cosas debemos cambiar sobre la autonomía sindical? y ¿Es correcta o incorrecta para el país?

Los juicios éticos, mediáticos y los de las redes sociales son sumarios y sin conocer los detalles de los procesos judiciales y, en los procedimientos ante una autoridad judicial, son los trazos finos los que hacen la diferencia. No me gustan las formas en que se conducen muchos de los sindicatos en el país, pero eso no lo hace ilícito. Esto nos invita a proponer ante el poder legislativo las reformas necesarias para cambiar el cómo, cuándo y en qué condiciones se mueven los contratos colectivos de trabajo.

Dr. En Derecho


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