/ viernes 13 de septiembre de 2019

La lucha contra la evasión

Una “empresa fantasma” es una corporación o sociedad mercantil o civil que no tiene ni edificios, ni dinero, ni algunos otros bienes relevantes, ni empleados que realmente trabajen en los objetivos e la empresa y, además tienen una inmensa opacidad para enterar de sus acciones a la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria.

El funcionamiento de esas empresas se basa, sobretodo, en emitir facturas sin que esos documentos se expidan por la venta de algún bien o servicio, es decir, sólo simulan que lo hacen para que con esas facturas no se pague la totalidad del Impuesto sobre sus ganancias (llamado Impuesto Sobre la Renta) engañando a las autoridades hacendarias. Eso hace que esas personas se queden con el dinero que en realidad deberían pagar de impuestos.

Este tipo de acciones han generado una la pérdida de recursos para el dinero de todas y todos los mexicanos, aproximadamente 1 billón de pesos es lo que ha perdido el gobierno en esas lamentables acciones. Dinero que, desde luego, podría ser para asistencia social o para obra pública, por ejemplo.

En su momento, a fin de exhibir a estos evasores, el SAT publicó una “lista negra” de empresas dedicadas a emitir facturas falsas o que siempre y que, en realidad, no tenían ni un domicilio real.

Derivado de ello, en el Senado de la República se discute una iniciativa de reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal Federal y Código Fiscal de la Federación, con la intención de tipificar este delito de manera tal que sea de prisión preventiva oficiosa además de ser equiparable a delincuencia organizada en función de los intervinientes en este tipo de acciones.

Desde luego, el interés de todas y todos los mexicanos es que este tipo de conductas delictivas se castiguen de forma ejemplar a fin de inhibir el delito, sin embargo en un tema tan serio y delicado exigen un análisis profundo, técnico y con la claridad para que se castiga severamente a los evasores, pero al mismo tiempo se proteja a los inocentes, es decir, a los contribuyentes cumplidos que pudieran ser involucrados sin su consentimiento en estos casos.

Lo anterior máxime que algunas y algunos legisladores han hecho señalamientos directos a ex servidores públicos que pudieran estar involucrados en constitución de este tipo de empresas, pero justamente en el diseño legislativo es donde no se pueden incluir pasiones o posturas partidistas, de lo contrario, la magnífica intención de esta reforma puede quedar en un ataque en los tribunales por inconstitucional o por tener contradicciones claras.

En el país hay muchos empresarios que cumplen a cabalidad con sus obligaciones fiscales, por lo que incluirlos en la misma calificativa no sólo es infundado, sino éticamente incorrecto. Creer que todos los delitos merecen prisión preventiva oficiosa es ir en contra del Sistema Acusatorio, por lo que la reflexión será fundamental para que esta reforma no quede en el olvido por su mala construcción legislativa.

Una “empresa fantasma” es una corporación o sociedad mercantil o civil que no tiene ni edificios, ni dinero, ni algunos otros bienes relevantes, ni empleados que realmente trabajen en los objetivos e la empresa y, además tienen una inmensa opacidad para enterar de sus acciones a la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria.

El funcionamiento de esas empresas se basa, sobretodo, en emitir facturas sin que esos documentos se expidan por la venta de algún bien o servicio, es decir, sólo simulan que lo hacen para que con esas facturas no se pague la totalidad del Impuesto sobre sus ganancias (llamado Impuesto Sobre la Renta) engañando a las autoridades hacendarias. Eso hace que esas personas se queden con el dinero que en realidad deberían pagar de impuestos.

Este tipo de acciones han generado una la pérdida de recursos para el dinero de todas y todos los mexicanos, aproximadamente 1 billón de pesos es lo que ha perdido el gobierno en esas lamentables acciones. Dinero que, desde luego, podría ser para asistencia social o para obra pública, por ejemplo.

En su momento, a fin de exhibir a estos evasores, el SAT publicó una “lista negra” de empresas dedicadas a emitir facturas falsas o que siempre y que, en realidad, no tenían ni un domicilio real.

Derivado de ello, en el Senado de la República se discute una iniciativa de reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal Federal y Código Fiscal de la Federación, con la intención de tipificar este delito de manera tal que sea de prisión preventiva oficiosa además de ser equiparable a delincuencia organizada en función de los intervinientes en este tipo de acciones.

Desde luego, el interés de todas y todos los mexicanos es que este tipo de conductas delictivas se castiguen de forma ejemplar a fin de inhibir el delito, sin embargo en un tema tan serio y delicado exigen un análisis profundo, técnico y con la claridad para que se castiga severamente a los evasores, pero al mismo tiempo se proteja a los inocentes, es decir, a los contribuyentes cumplidos que pudieran ser involucrados sin su consentimiento en estos casos.

Lo anterior máxime que algunas y algunos legisladores han hecho señalamientos directos a ex servidores públicos que pudieran estar involucrados en constitución de este tipo de empresas, pero justamente en el diseño legislativo es donde no se pueden incluir pasiones o posturas partidistas, de lo contrario, la magnífica intención de esta reforma puede quedar en un ataque en los tribunales por inconstitucional o por tener contradicciones claras.

En el país hay muchos empresarios que cumplen a cabalidad con sus obligaciones fiscales, por lo que incluirlos en la misma calificativa no sólo es infundado, sino éticamente incorrecto. Creer que todos los delitos merecen prisión preventiva oficiosa es ir en contra del Sistema Acusatorio, por lo que la reflexión será fundamental para que esta reforma no quede en el olvido por su mala construcción legislativa.

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