/ lunes 14 de enero de 2019

La mejor defensa contra la delincuencia

La crisis policial resulta de la sensación de inseguridad que impide, como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su transformación en la fuerza de seguridad con vocación de servicio y de protección a la ciudadanía contra la alarmante delincuencia.

Ante esta crisis urgen directrices desde un enfoque integral en un contexto mas allá de nuestras fronteras, puesto que las víctimas lo son también de delitos trasnacionales como la trata de personas, uso de armas ilegales, narcotráfico, violencia contra migrantes, además de delitos del fuero común que deben seguir en ese orden de gobierno, lo que nos obliga a un diseño transversal para el ámbito local y municipal con una correcta coadyuvancia con la federación tomando en consideración la prevención social del delito, uso de la fuerza pública, las directrices en los centros de privación de la libertad, entre otros aspectos.

López Obrador pretende una Guardia Nacional conformada por militares, Policía federal y nuevos integrantes, aunque después de haber escuchado en la Cámara de Diputados a gobernadores, alcaldes, representantes de organizaciones no gubernamentales, academia, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, ha dicho que ya no tendrá mando militar como pretendía; sin embargo la integración de elementos y directrices de las fuerzas armadas y el control desde la federación violentando el ámbito local en lugar de fortalecerlo, no cambia en esencia su concepción.

Por nuestra experiencia sabemos todo Presidente buscará obtener votación calificada para sus reformas constitucionales. Esperemos que la zanahoria de quitar el mando militar de la GN no impida seguir insistiendo en la transformación real del concepto de seguridad pública que en realidad necesitamos.

La seguridad para que sea efectiva y eficiente en proteger a todas las personas debe legitimarse resolviendo el reclamo social de que la inseguridad amenazan la vida y la democracia como lo ha escrito Juan E. Mendez quien abunda que el reto de la seguridad es mejorar la gestión y control policial, de atención y protección a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos como prioridad. La sociedad desconfía de las policías por la corrupción y falta de preparación para que su trabajo se apegue estrictamente a las garantías fundamentales sustentadas en los derechos humanos y la aplicación de los mecanismos de justicia que la proteja en serio.

Imprescindible la dignificación de los cuerpos policiales para garantizar respeto y eficiencia, y sean “asimilados como parte de una respuesta colectiva de proximidad con la sociedad civil para que haya respuestas duraderas" como lo señala José Miguel Insulza ex secretario de la OEA.

Cualquier gobierno democrático que busca soluciones, debe observar el fenómeno integral a la luz de la seguridad humana y la relación entre seguridad y derechos humanos como requisito indispensable.

Por lo tanto debe regresar a Comisión dictamen de GN y enmendar su concepción convocando Parlamento Abierto con las y los especialistas y se trabaje redacción y técnica legislativa de los preceptos de lo que debe ser la nueva corporación. El producto legislativo que derive será realmente la mejor defensa contra la inseguridad humana.

Defensora de los derechos humanos @angelicadelap

La crisis policial resulta de la sensación de inseguridad que impide, como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su transformación en la fuerza de seguridad con vocación de servicio y de protección a la ciudadanía contra la alarmante delincuencia.

Ante esta crisis urgen directrices desde un enfoque integral en un contexto mas allá de nuestras fronteras, puesto que las víctimas lo son también de delitos trasnacionales como la trata de personas, uso de armas ilegales, narcotráfico, violencia contra migrantes, además de delitos del fuero común que deben seguir en ese orden de gobierno, lo que nos obliga a un diseño transversal para el ámbito local y municipal con una correcta coadyuvancia con la federación tomando en consideración la prevención social del delito, uso de la fuerza pública, las directrices en los centros de privación de la libertad, entre otros aspectos.

López Obrador pretende una Guardia Nacional conformada por militares, Policía federal y nuevos integrantes, aunque después de haber escuchado en la Cámara de Diputados a gobernadores, alcaldes, representantes de organizaciones no gubernamentales, academia, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, ha dicho que ya no tendrá mando militar como pretendía; sin embargo la integración de elementos y directrices de las fuerzas armadas y el control desde la federación violentando el ámbito local en lugar de fortalecerlo, no cambia en esencia su concepción.

Por nuestra experiencia sabemos todo Presidente buscará obtener votación calificada para sus reformas constitucionales. Esperemos que la zanahoria de quitar el mando militar de la GN no impida seguir insistiendo en la transformación real del concepto de seguridad pública que en realidad necesitamos.

La seguridad para que sea efectiva y eficiente en proteger a todas las personas debe legitimarse resolviendo el reclamo social de que la inseguridad amenazan la vida y la democracia como lo ha escrito Juan E. Mendez quien abunda que el reto de la seguridad es mejorar la gestión y control policial, de atención y protección a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos como prioridad. La sociedad desconfía de las policías por la corrupción y falta de preparación para que su trabajo se apegue estrictamente a las garantías fundamentales sustentadas en los derechos humanos y la aplicación de los mecanismos de justicia que la proteja en serio.

Imprescindible la dignificación de los cuerpos policiales para garantizar respeto y eficiencia, y sean “asimilados como parte de una respuesta colectiva de proximidad con la sociedad civil para que haya respuestas duraderas" como lo señala José Miguel Insulza ex secretario de la OEA.

Cualquier gobierno democrático que busca soluciones, debe observar el fenómeno integral a la luz de la seguridad humana y la relación entre seguridad y derechos humanos como requisito indispensable.

Por lo tanto debe regresar a Comisión dictamen de GN y enmendar su concepción convocando Parlamento Abierto con las y los especialistas y se trabaje redacción y técnica legislativa de los preceptos de lo que debe ser la nueva corporación. El producto legislativo que derive será realmente la mejor defensa contra la inseguridad humana.

Defensora de los derechos humanos @angelicadelap

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