Hace dos entregas, se desarrolló brevemente “la micro-geopolítica del crimen organizado”. El propósito de este marco de análisis ha sido estudiar –pero, sobre todo, anticipar– la generación de economías ilícitas basadas en recursos naturales por el crimen organizado, lo mismo en México, Afganistán y, próximamente, Zimbabue. En esta ocasión, quisiera tratar algunas implicaciones que derivan de esta herramienta de inteligencia estratégica.
Primero, la ausencia, debilidad o colusión del Estado con el crimen organizado –en cualquiera de sus niveles de gobierno–, ocasionará que los diversos actores legales se vean en la necesidad de adaptar a un ambiente mafioso, en función de sus necesidades, intereses y objetivos particulares. Dicho de manera más franca, la ausencia, debilidad o colusión del Estado abre el margen para el comportamiento ilícito de las empresas –e.g. en el sector minero o energético. Especialmente, si los grupos criminales pueden, por ejemplo, vender un producto –mineral de hierro, litio o gasolina– a un precio significativamente más bajo que el del mercado legal.
Lo anterior sugiere que la infiltración de un proceso productivo por el crimen organizado tiene una dimensión inherentemente global. Si bien la micro-geopolítica del crimen organizado enfatiza la relevancia de dinámicas a nivel local, es también consciente de la influencia del nivel de análisis internacional. De este modo, espacios aparentemente pequeños y aislados son potencialmente “espacios globales”, donde dinámicas políticas y económicas locales son moldeadas por tendencias –e.g. competencia estratégica por el poder– y actores con alcance global –multinacionales o gobiernos.
Vinculado con lo anterior, conviene preguntarse si la conducta irregular y, en algunos casos, la interacción ilícita que las empresas privadas sostienen con los grupos delictivos, está enteramente desvinculada de los intereses geopolíticos de su país de origen. Es frecuente identificar que las compañías multinacionales reciban apoyo de sus gobiernos nacionales, a pesar de las acusaciones sobre su comportamiento y reputación corporativa.
En cuarto lugar, la infiltración criminal en los procesos productivos legales genera ciclos alternativos de violencia y contra-violencia en una comunidad, más allá de la violencia relacionada estrictamente con las drogas u otras actividades ilícitas –e.g. extorsión, secuestro o tráfico de personas. Más aún, diversos actores legales e ilegales –autoridades de gobierno, empresas multinacionales, grupos criminales rivales o paramilitares– contribuyen a la escalada de violencia armada, la fragmentación social y la ingobernabilidad, especialmente a nivel local.
Para concluir, la micro-geopolítica del crimen organizado representa un esfuerzo por analizar las características y la evolución de este fenómeno y, por lo tanto, también para prevenir sus nefastas consecuencias sociales, ambientales y políticas. Además de ser una realidad social, el crimen organizado es una consecuencia política, geopolítica y económica. Por ello, este marco analítico no sólo se enfoca a los grupos delictivos en sí mismos –i.e. sus medios, formas y fines específicos–, sino también visibiliza cómo en un mismo entorno una multiplicidad de actores, además de los grupos delictivos, interactúan localmente de manera compleja. Y cómo esta interacción exacerba otros fenómenos como la violencia armada, la conflictividad social y la inestabilidad política.
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