No obstante las difíciles condiciones que enfrenta la región integrada por los denominados países del triángulo norte (Guatemala, Honduras, El Salvador) y México, en cuanto a la problemática de la movilidad de cientos de miles de personas para internarse de alguna forma al territorio de los Estados Unidos, existen aspectos a considerar y discernir a propósito de lo estructural y coyuntural.
Por supuesto que la migración irregular es parte de las dinámicas inherentes a cualquier bloque geopolítico. Sea la Unión Europea o el centro de Asia, los desplazamientos de seres humanos forman parte de las agendas internacionales. En pocas palabras, no hay sorpresa alguna con las migraciones.
Lo que llama la atención en el caso que nos ocupa, es por una parte, la sincronía en cuanto al inicio de la campaña por la reelección del Presidente de los Estados Unidos, sumado al comienzo del gobierno sexenal en México. Por la otra, los desafíos que implica la migración irregular, procedente de varias partes del mundo, pero sobre todo, las presiones que la misma ejerce sobre las instituciones y programas de nuestro país en materias social y política, destacando entre ambas, el papel que desempeñan el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México.
La Guardia Nacional, coordinando de manera visible sus iniciales acciones con el Ejército Mexicano, han logrado atemperar las formidables presiones que significa atender de un momento a otro, miles de personas que no tienen otra finalidad que llegar a territorio estadounidense. Empero, no se trata de la primera ocasión que las Fuerzas Armadas de nuestro país acuden al auxilio por una parte, de las familias mexicanas y de la población en general, que de una forma u otra, se ven afectadas por el tránsito de migrantes internacionales.
Por la otra, en operaciones recientes del personal del Ejército Mexicano, como son, por ejemplo, las instrumentadas en Tijuana, Baja California del 1 al 28 de diciembre de 2018; del 5 al 19 de febrero de 2019 en Piedras Negras, Coahuila; y en Mapastepec, Chiapas, del 9 de abril al 7 de mayo pasados, representa la forma sistemática en que el Estado mexicano atiende una agenda que desde un principio, debiera ser compartida por los países de Centro y Norteamérica.
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