Siempre he sostenido que la militancia política no debe ser obstáculo para ocupar puestos en el área de la justicia. Habiendo sido Procurador y Magistrado, puedo documentar con mi propia experiencia que la militancia partidista no es incompatible con las decisiones jurídicas. Cuando el servidor público asume con ética su responsabilidad, no deja de cumplir la ley que debe aplicar, y ello es válido en cualquiera de los poderes.
Mis compañeros del Congreso veracruzano saben que como su presidente nunca violé las reglas para favorecer a mi partido o perjudicar a otro. El desempeño de cualquier función en la que se emiten actos de autoridad, incluidos los cargos en el Poder Ejecutivo, supone actuar con honestidad y no conculcar el Derecho para dañar a adversarios o beneficiar a correligionarios.
Partir de la premisa de que todo militante de un partido es necesariamente deshonesto y siempre dispuesto a desobedecer la ley para favorecer los intereses partidistas es injusto y contrario a la democracia. Esta supone la lucha de partidos para la cobertura de cargos de elección y la militancia como normal antecedente de su consecución. Si se admitiera la equivocada premisa que mencioné, la titularidad del ejecutivo tendría que ser asignada a quien no hubiere sido miembro de un partido, lo cual es absurdamente anti democrático.
Es curioso que quienes condenan los estereotipos estén siempre dispuestos a despreciar a los políticos profesionales estereotipándolos. Es verdad que los estereotipos derivan de rasgos que efectivamente aparecen en la realidad atribuidos a ciertas personas, pero se les rechaza por ser generalizaciones injustas y discriminatorias.
Existe deshonestidad intelectual cuando se reconoce que una persona cumple los requisitos legales para desempeñar una función, para luego descalificarla por su militancia política. Tal fue el caso de Raúl Cervantes a quien nadie le imputó desvíos legales o deshonestidad como Procurador, y solo por su actividad política previa se le privó de la posibilidad de llegar a la Corte. Entonces manifesté mi desacuerdo con esta forma de juzgar y así como me pareció injusta respecto de quien militaba en el PRI, ahora pienso que no hay razón para descalificar la inclusión en la terna de propuestas para integrantes de la Corte de dos mujeres con trayectoria jurídica reconocida. De la misma manera es rechazable argumentar que Juan Luis González Alcántara está impedido por una supuesta cercanía con el actual Presidente.
Hay infinidad de ejemplos de abogados brillantes con actividad partidista que han servido de modo intachable como Ministros. Por el PRI puedo mencionar a Diego Valadés, Miguel Montes e Irma Cue, entre otros. Sergio Salvador Aguirre Anguiano, de militancia panista, fue un excepcional Ministro, su sapiencia y capacidad argumentativa dejaron profunda huella. La inclinación de Juventino Castro hacia el PRD, por el cual fue diputado después de ser Ministro, no alteró jamás su respetado criterio jurídico. En el plano internacional tenemos la figura de Sergio García Ramírez, distinguido priista que llegó a presidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que llegan asuntos con fuerte carga política. También confiaron en él diversas corrientes políticas para fungir como Consejero del entonces IFE. Por cierto, un ameritadísimo Presidente de este órgano electoral, José Woldenberg, venía de una clara militancia partidista de izquierda.
Incluso personalidades que han presidido partidos como Jesús Reyes Heroles o Porfirio Muñoz Ledo acumularon tal prestigio intelectual que bien hubieran podido ser jueces de la mayor jerarquía y un abogado como Miguel Ángel Mancera, ahora senador por el PRD, no tendría la menor mácula para desempeñarse como Ministro o Fiscal General.
La ideología política que todos tenemos, militantes o no, orienta válidamente los criterios interpretativos o la definición de políticas públicas y es lógico que la facultad del Ejecutivo para nombrar a los jueces supremos, se decante por personajes ideológicamente afines, lo cual es congruente con el apoyo popular que permitió el arribo del presidente en cuestión.
Un verdadero demócrata debe entender que no hay más requisitos exigibles que los legalmente previstos. Aducir razones políticas o éticas, no previstas en la ley, eso es también una forma de discriminación.
Se ha dicho que la terna enviada por AMLO no sería presentable en ninguna democracia que se respete. Nada más falso. En Alemania el Tribunal Constitucional se integra mediante cuotas partidistas. Militantes o simpatizantes reconocidos del SPD y la CDU, suelen turnarse la ocupación de las vacantes y no le restan respetabilidad. En España Andrés Ollero fue por 17 años diputado del Partido Popular y está integrado respetablemente al Tribunal Constitucional. Si queremos justicia, empecemos por ser justos al juzgar a otras personas; hagámoslo con base en sus méritos, no en sus ideas.
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