El martes 29 de octubre, en la Cámara de Diputados, se aprobó la minuta que envió el Senado en materia de fuero. Queda la modificación a los artículos 108 y 111 de la Constitución tal y como la propuso el presidente, el 4 de diciembre de 2018, en el Senado de la República.
En sexenios anteriores, el presidente, durante su encargo, sólo podía ser acusado y castigado penalmente por el delito de traición a la patria. Hoy, puede, además, ser acusado por todo lo ya tipificado en el artículo 19 constitucional, que incluye actos de corrupción, delitos electorales y delitos graves.
Cuando el significado del concepto “fuero” implica un procedimiento parlamentario para poder llevar al presidente ante la autoridad judicial, entonces puede decirse que en México subsiste este mecanismo jurídico —como de hecho existe desde hace mucho tiempo en todos los países democráticos del mundo—. Sin embargo, la importancia de las recientes modificaciones constitucionales es que se amplía el catálogo de delitos por los cuales puede ser juzgado. Es decir, la cantidad de delitos por los que un presidente puede ser acusado ya no es sólo el de traición a la patria. Ahora, el robo, la corrupción y la impunidad también serán castigados. Y en efecto, al permanecer la figura de procedimiento de procedencia, será posible que, en su caso, y después de una investigación de la Fiscalía General de la República, se pueda solicitar al Senado que inicie un procedimiento a efecto de determinar si se le retira o no el fuero al presidente.
Vamos cumpliendo y avanzado en cada uno de los compromisos de campaña que hizo el presidente. Como candidato, recogió los más sentidos anhelos del pueblo y los hizo propios; la gente votó por la esperanza del cambio verdadero. Es en este sentido que se avanza en la transformación ética del poder, generando herramientas para perseguir y castigar con todo el peso de la ley a quienes cometan delitos como la corrupción, y por primera vez en este país —increíble pero cierto—, el propio titular del ejecutivo podrá estar incluido entre los potenciales demandados.
Es importante precisar que la figura del fuero surge como un mecanismo de protección contra los abusos del poder. Sin embargo, las administraciones anteriores de México lo utilizaron como un instrumento de impunidad para cubrirse de sus corruptelas. Es ese abuso y perversión de la figura lo que cansó a la gente.
Es por eso que, en el proceso de redignificar la política, era indispensable otorgarle de nuevo la dimensión ética a la figura del fuero. Entenderlo, sí, como una protección ante los embates de los poderes formales y fácticos, pero también, quitarle el espacio de potencial actividad delictiva que los gobiernos del PRI y del PAN le habían dado en su ejercicio del poder.
En el difícil arte de gobernar, y más cuando se gobierna para la mayoría, existen tentaciones de hacer lo que sea para no perder privilegios económicos o políticos, incluso inventar delitos a quien sea. El Diputado Gerardo Fernández Noroña, en su intervención en tribuna, puso varios ejemplos: Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador; Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil, todos ellos con una clara agenda social, y a quienes la derecha reaccionaria —justo pata tratar de detenerlos— atacó, no por corruptos, sino por tener intereses opuestos a los de los conservadores. Estos ejemplos nos deben de advertir lo que puede pasar en México. Los riesgos latentes de una ultraderecha latinoamericana afectada en sus más profundos intereses corruptócratas e impunes están presentes, sin duda alguna. Pero nosotros, en esta transformación, seguiremos sentando las bases de una profunda renovación ética y política. Seguiremos acompañando al presidente con el objetivo de establecer por fin en nuestro país una normalidad republicana y pasar de un autoritarismo de disfraz a la consolidación de una democracia respetuosa de la ley.
Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena
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