En el marco del 10 de Octubre Día Mundial contra la Pena de Muerte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró su petición al gobernador de Texas, Greg Abbot, y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, para que se conmutara la pena de muerte al mexicano Rubén Cárdenas Ramírez.
En el mismo sentido, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo por unanimidad solicitando a las autoridades de Texas el indulto y la reposición del debido proceso legal.
Lamentablemente estos esfuerzos fueron infructuosos, las peticiones no fueron consideradas y el martes 7 de este mes la Junta determinó con votación de 6-0 continuar la sentencia de pena capital contra el mexicano, horas después fue ejecutada.
No es la primera ocasión que el Congreso de la Unión solicita se promueva ante autoridades del país vecino clemencia para mexicanos sentenciados a la pena capital.
También es necesario recordar que México demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento del Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
La sentencia resultante se fundó en el derecho a recibir información y protección consular para asegurar todas las garantías del debido proceso legal. México tuvo que emprender este recurso porque había venido fracasando en la gestión diplomática ante gobiernos locales para evitar la pena de muerte de mexicanos por omisiones a la Convención.
La histórica sentencia, además, se da en un contexto donde 53 connacionales se encontraban en la antesala de la muerte; el caso emblemático se conoce como Avena y otros mexicanos contra Estados Unidos de América (marzo de 2004).
La sentencia Avena no exime de enfrentar las dificultades propias del desarrollo de la justicia en EU ni de una posible discriminación contra los mexicanos por parte de las autoridades norteamericanas.
Además de EU, otros países como China, Irán, Arabia Saudita, Cuba y Nigeria, entre otros, todavía aplican esta medida extrema a pesar de que es inconvencional; las organizaciones internacionales promueven con insistencia que la pena de muerte es una afrenta a los derechos humanos, y todas las personas, incluidas las que pudieran cometer los más atroces crímenes, no se les puede negar el derecho fundamental de la vida.
La abolición de la pena de muerte forma parte de la discusión hacia el avance que toda sociedad democrática debe emprender, pues forma parte de los pactos civilizatorios de las naciones; desde la evolución del derecho penal y de la ética política se señala que nadie puede ser excluido del derecho a la vida y esta sanción es inaceptable.
Cuando en México surge la opinión a favor de legislar esta medida para castigar a delincuentes, quienes nos oponemos argumentamos lo siguiente: a) niega derechos humanos; b) es irreversible y se pueden cometer errores; c) no disuade el crimen, no hay pruebas que demuestren que sea más eficaz que la prisión; d) suele emplearse en sistemas de justicia sesgados; e) se aplica de forma discriminatoria; f) se usa como herramienta política para castigar a opositores políticos.
Amnistía Internacional señala que 140 países son abolicionistas entre ellos México; mientras tanto, hay 54 connacionales en EU en la antesala de la muerte.
Senadora por el PRD
@angelicadelap
