La redistribución del gobierno a través de los beneficios en efectivo tiene poco impacto en la desigualdad y la pobreza, dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en un estudio acerca de la desigualdad de los ingresos de la población, particularmente en el caso de México. No es, por tanto, entregando sumas en efectivo como va a resolverse el problema de la pobreza que en nuestro país afecta a más de 50 millones de personas. Son programas como educación, salud y vivienda los que incrementarían el nivel de vida de la población en su conjunto.
La pobreza no es un motivo romántico ni un estado en el que puedan engendrarse los más bellos sentimientos. Antes bien éstos se producen a pesar de esa condición. Pero sucede que en ocasiones la demagogia utiliza las palabras pobreza y pueblo como elementos para justificar una política pretendidamente humanista y justiciera que en el fondo genera división y una mayor marginación. Así, un gobierno, una corriente política requiere de esas palabras como argumento antes que mitigar la pobreza con medidas efectivas. La pobreza aparece entonces como virtud y el pueblo, según lo entiende esa vaga interpretación, es paradigma de sapiencia y juicio incontrovertible.
Las características del presupuesto de egresos de la Federación aprobado por la mayoría morenista y sus aliados en la Cámara de Diputados, es ejemplo de esa política de la actual administración. Reducir al mínimo el gasto gubernamental en programas y en obras productivas y en general los servicios que el Estado está obligado a proporcionar e incrementar en beneficio de todos los sectores de la población, es la tendencia en el presupuesto.
A cambio de ello, los principales aumentos en el gasto se dirigen a los programas encaminados a la dádiva, la entrega personal y directa de los recursos provenientes del ingreso de la Federación. Es una política centralista, asistencialista y paternalista, que incluye el debilitamiento de todos los órganos de control construidos en los últimos decenios para dar una mayor participación a la ciudadanía en las políticas públicas y en el ejercicio del gasto gubernamental.
Al paso que avanza ese concepto de la tarea de gobernar, se terminará por un régimen fiscal en el que la casi totalidad de los impuestos y los ingresos del erario serán destinados, no a obras que produzcan riqueza, empleo y desarrollo, sino a regalarlos directamente a la población, pretendiendo que así se alcanza la felicidad de los pobres.
La razón, el sentido común de una administración gubernamental indica que el verdadero desarrollo se logra mediante el crecimiento de la economía. Más que en administraciones anteriores, en el primer año de gobierno de López Obrador la economía muestra un evidente estancamiento que con razones técnicas puede calificarse como recesión.
En lo que podría considerarse una respuesta a esta situación, el gobierno anunció ayer el Plan Nacional de Infraestructura que contempla en lo que resta de la administración una inversión de más de 40 mil millones de pesos, una mínima parte de los cuales comenzará a aplicarse en proyectos ya definidos el año próximo. El anuncio debió ser hecho, no por el gobierno de López Obrador, sino por las diversas organizaciones del sector privado, por las empresas a cargo de las cuales estarán esos programas. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial fue muy claro: los proyectos estarán totalmente a cargo de la inversión privada.
El gobierno, en tanto, continuará restringiendo sus inversiones. Esos recursos seguirán siendo crecientemente destinados a la entrega personal como un argumento eminentemente electorero en favor del gobierno y el grupo actualmente en el poder.
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