Hasta el momento existen 35 iniciativas sobre reformas en materia electoral presentadas en la Cámara de Diputados, otro tanto más presentadas en la Cámara de Senadores. Son de todos los grupos parlamentarios y se refieren a temáticas diversas en materia electoral.
El punto medular en la reforma electoral que se vislumbra en el horizonte es, sin duda, la austeridad. ¿Cómo podemos tener una democracia que no sea tan cara?
Al respecto hemos presentado una iniciativa que se orienta esencialmente en 2 rubros: reducir el financiamiento de los partidos políticos y reducir la estructura burocrática electoral. Sobre este segundo punto se centrará mucho el debate en los próximos meses: la propuesta de desaparición de los institutos electorales de los estados, los llamados OPLES.
Al respecto, tenemos que desde la reforma electoral del 2014 se redistribuyó la competencia de la función electoral entre el INE y los OPLES, quedando estos últimos con facultades muy reducidas, con una dependencia del INE y, además, subordinados a que el propio INE asuma la organización -total o parcial- de las elecciones locales cuando lo desee. Así está ocurriendo actualmente en Puebla en la elección extraordinaria, por ejemplo.
Los OPLES redujeron sustancialmente sus funciones, pero nunca disminuyeron sus presupuestos, siguieron gastando lo mismo o más. En el 2018, los OPLES nos costaron a los mexicanos 14 mil millones pesos, y para este 2019, año en el que sólo se realizarán 5 elecciones locales, nos costarán casi 10 mil millones de pesos. Nuestra iniciativa considera que ese gasto podría ahorrarse para que los estados lo destinen a fines de mayor trascendencia social, por ejemplo, el equipamiento de hospitales, que tanta falta hace.
Para ello, consideramos que el INE podría organizar las elecciones federales y locales, y que además, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberán sujetarse a un estricto ajuste de austeridad para eliminar los gastos superfluos e innecesarios, todo ello con supervisión de la Auditoría Superior de la Federación.
Todo lo anterior se circunscribe en el mandato derivado de las elecciones del año pasado, en donde la exigencia de la ciudadanía fue -y sigue siendo- la austeridad para todo el ejercicio del poder público, sea Poder Ejecutivo, Legislativo u órganos autónomos, que finalmente forman parte del Estado mexicano y ejercen recursos públicos.
Por otro lado, todas las iniciativas presentadas en materia electoral debemos procesarlas a través del ejercicio de parlamento abierto en la Cámara de Diputados, en donde escucharemos a todos los involucrados: autoridades electorales, especialistas, ciudadanos, partidos políticos y demás interesados, porque recientemente hemos venido comprobando que este ejercicio ha estado arrojando resultados óptimos para construir consensos.
Diputado federal de Morena
@Sergeluna_S
