Recién creado el partido de la Revolución, apareció en 1929 como su órgano de difusión el periódico El Nacional, dirigido en sus inicios por el general Lázaro Cárdenas. A la prensa se la combate con la prensa, parecía ser el pensamiento del grupo revolucionario que años más tarde convertiría a ese periódico en órgano oficial, no ya del partido sino del gobierno.
El papel de los medios gubernamentales de difusión se transformó en la administración de Carlos Salinas de Gortari con la entrega a la iniciativa privada de medios como Canal 13 de televisión y luego, en la de Ernesto Zedillo con la desaparición de El Nacional. Subsisten medios de comunicación oficiales en el campo de la radio y la televisión, cuya naturaleza responde a la apertura al análisis y difusión de la vida pública dentro de las libertades de prensa y de expresión consagradas en la Constitución. Ni el gobierno ni la ciudadanía han quedado inermes ante el poder y la influencia de los medios de comunicación.
La ciudadanía en general y el gobierno mismo disponen desde años de los elementos para un diálogo y una respuesta a las críticas que en épocas anteriores representaron los desaparecidos medios oficiales de comunicación. El derecho de réplica es uno de esos instrumentos que la ley concede y garantiza, no sólo al gobierno sino al ciudadano y a todos los sectores de la sociedad. La ley obliga a los medios de comunicación, incluso con la fuerza de posibles sanciones, al cumplimiento de ese derecho en plena vigencia.
Frente a las críticas, las opiniones divergentes y los análisis que todo gobierno recibe por parte de periodistas o comentaristas de los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador invoca el derecho de réplica; pero al hacerlo y tratar de ejercerlo confunde la argumentación, el diálogo, la respuesta fundada con la descalificación y el adjetivo. Hace así un uso excesivo y abusivo del derecho a la réplica. Llamar a la prensa integrante de un imaginario partido conservador, darle el mote de fifí sin a la vez hacer uso de argumentos para un debate de ideas y razones frente a la crítica, no es el ejercicio de la réplica a la que el presidente se refiere como un derecho legítimo. La diatriba, la ironía y la clasificación entre buenos y malos no son las armas de un diálogo de altura a las que el gobierno puede acudir para responder a quienes llama no sólo adversarios sino funestos e hipócritas en una categorización que no correspondería al presidente de la República.
Como en otros ámbitos de la vida pública, el gobierno de López Obrador cree ver adversarios en todos los rincones de la sociedad. Para combatirlos emplea la violencia verbal, el insulto que se generaliza en la expresión y el lenguaje soez ya habitual como argumento en las cámaras legislativas, en las redes sociales y en el ámbito oficial en toda discusión o análisis de problemas y situaciones que merecerían otro tratamiento, de respeto a sí mismo y a los demás. No es con epítetos, con burlas y descalificaciones como se logrará la unidad y la conciliación en la sociedad por encima de diferencias frente a las cuales la tolerancia debe prevalecer.
La réplica y la contrarréplica son ciertamente un derecho que la ley otorga a todo ciudadano, incluido el gobernante. La confrontación de ideas, argumentos, principios y valores forma parte de la tarea de gobernar para todos, disidentes, simpatizantes, críticos o apoyadores sin distinción. Acusar sin pruebas, desacreditar, desprestigiar mediante la condena pública no es tarea ni atribución legítima de quien ha recibido la encomienda de conducir el rumbo de un país por más que mantenga el respaldo --¿hasta cuándo? – de una buena parte de la opinión pública.
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