@ebuendiaz
El martes pasado el INE anunció que ya se cumplió con el requisito de firmas que exige la Constitución y la Ley, esto es, se verificó que más de 2.8 millones de mexicanas y mexicanos apoyan la realización de la primera revocación de mandato (RM) del Presidente de República. Conforme a las reglas aprobadas por la autoridad electoral, el 4 de febrero se emitirá la convocatoria respectiva. Que no quede duda que el INE organizará la RM.
Ese ha sido el compromiso público de la autoridad electoral desde septiembre del año pasado y que ha sido materializado a través de diversos acuerdos, incluso antes del dictado de resoluciones de la SCJN y del TEPJF que ordenaron al INE continuar con su organización. De ahí que sea falso, como se sostiene desde el gobierno, que la autoridad electoral no quiera cumplir el mandato constitucional de llevarla a cabo.
El tema central en toda la discusión de la RM tiene que ver con materia presupuestal y ésta se relaciona con el cumplimiento de la legislación y con la manera en que queremos como Estado garantizar el ejercicio de derechos. Recordemos que hay obligaciones internacionales que imponen a los Estados el deber de promover y respetar el ejercicio de derechos y ello no puede ocurrir sin la debida y racional inversión de recursos económicos.
El origen del problema se encuentra en la decisión de la Cámara de Diputados de no otorgar al INE la totalidad de los recursos que originalmente las Consejeras y los Consejeros electorales habían solicitado para la organización de la RM.
Dicho recorte presupuestal por parte de la Cámara fue contradictorio e intencional, pues en septiembre del año pasado las y los legisladores aprobaron la Ley Federal de Revocación de Mandato que establece directrices forzosas para el INE. Evidentemente todas las medidas previstas en dicha ley tienen asociado un costo económico. El ejemplo más claro es la instalación de casillas: la Ley establece que para la RM es necesario instalar el mismo número de casillas que en la elección previa, lo que implica capacitar un alto número de ciudadanas y ciudadanos para que reciban el voto de la ciudadanía.
Seamos claros: el costo de la RM, conforme a las reglas constitucionales y legales, es de 3 mil 830 millones de pesos. Es por eso que la autorización de solo 830 millones por parte de la Cámara de Diputados colocó a la autoridad electoral en un dilema. O se organiza el procedimiento estrictamente como lo señala la ley (para lo cual se necesitan la totalidad de recursos) o se obvian aspectos de ella.
El INE está convencido que la RM debe hacerse conforme a la ley y por ello, en estricto acatamiento a una sentencia del TEPJF, aprobó otro ajuste presupuestal en el que a partir de esfuerzos institucionales adicionales se redujeron costos por una cantidad superior a 500 millones de pesos. Pese a ello, al INE aún le faltan 1,739 millones de pesos, mismos que ya fueron solicitados a la SHCP.
Recordemos que en dicha sentencia la Sala Superior del TEPJF vinculó a la SHCP a responder, de manera exhaustiva, la solicitud de recursos económicos por parte del INE, pero no solo eso. La determinación adoptada por dicho órgano jurisdiccional fue clara: 1. La Secretaría tiene que responder a la brevedad porque la revocación de mandato tiene plazos y etapas que deben ser cumplidas y, 2. Al responder a la petición del INE, la Secretaría debe considerar el deber que tiene de hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las y los mexicanos para participar en la revocación. Por ello es que no puede dar una respuesta superficial.
Informalmente sabemos que la SHCP pretende negar la entrega del recurso. Además, el Presidente de la República ya señaló expresamente que no se iban a entregar al INE más recursos y la propia Secretaría ya expresó al TEPJF que no cuenta con facultades para autorizar y gestionar erogaciones adicionales a la autoridad electoral. Mientras formaliza su respuesta al INE, el gobierno federal ha realizado “sugerencias respetuosas” para que la autoridad electoral obtenga recursos a partir de afectaciones a los derechos laborales de sus empleados y tome decisiones que están prohibidas por ley, como es el darle una finalidad distinta a los recursos que tiene comprometidos en un par de fideicomisos.
El INE está convencido de organizar por primera vez el proceso de RM y ha hecho esfuerzos, de manera constante, para asegurar que éste se realice conforme a la ley. Hoy corresponde a la SHCP dar las garantías para que ello ocurra. Habrá que estar atentos a lo que responde a la autoridad electoral, pues no olvidemos que dicha Secretaría también tiene un deber constitucional frente a la ciudadanía relacionado con generar condiciones para el debido ejercicio de derechos.
*Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo General del INE
