Aquellos que nada han aprendido no han olvidado nada.
Charles Louis Etienne Chevalier
El pasado nueve de diciembre la Cámara de Senadores y, después, la Cámara de Diputados, aprobaron una serie de reformas a la Ley de Seguridad Nacional acerca de los llamados “agentes extranjeros”. Dichas reformas pretenden regular la presencia de oficiales foráneos en territorio mexicano. Ahora, su estancia estará sujeta a la autorización del gobierno mexicano y deberán realizar “intercambio de información” con las autoridades locales. Asimismo, estará prohibido realizar detenciones o cualquier acción que ponga en riesgo su integridad y carecerán, también, de inmunidad diplomática.
Parece loable la iniciativa, pero, no deberíamos ser ingenuos, al menos no en este caso. Es visible, más allá de reflejos de nacionalismo primario, que en esta iniciativa presidencial subyace la sombra del caso del general Cienfuegos. La jerarquía castrense no quiere otra sorpresa y una medida preventiva es exigir conocer los pasos de las cofradías de inteligencia gringas, que, aunque la iniciativa no personifica, es obvio que está dirigido a los vecinos del norte.
Sin embargo, un poco de memoria nos ayudaría a contextualizar el tema. La relación de las agencias estadounidenses con la delincuencia y los grupos policiacos mexicanos ha sido una práctica cotidiana. Sólo hagamos referencia a la larga cercanía con Félix Gallardo y su “Federación” y el caso “Enrique Camarena”, como un ejemplo sólido y simbólico; no olvidemos, tampoco, los episodios de la detención del “Chapo” Guzmán en 2014 y la ejecución de Arturo Beltrán Leyva, en 2009, donde en ambos casos se documentó la presencia de agentes de la DEA en dichas acciones. ¿No fue la propia DEA la que avisó de la ubicación de Ovidio Guzmán?
Como ironía de la legislación citada, precisamente en estos días, como lo difundió el periódico Milenio (14/12/20, p.6), la DEA está solicitando mayor presupuesto para más agentes y un avión King Air 350 por 9.2 millones de dólares, que será usado para labores de vigilancia e investigación para combatir a los cárteles mexicanos y en otros países de la región; igualmente, se considera una partida por 7.7 millones de dólares para el financiamiento de células de policías infiltrados en el crimen organizado, conocidas como “Unidades de Investigaciones Sensibles” y que operan desde hace 20 años en México y Centroamérica. Así, como, otros instrumentos de intervención y compra de informantes.
¿Algún ingenuo cree que los gringos compartirán los datos específicos de las mencionadas operaciones? La DEA y otras agencias sólo sonreirán ante las nuevas reformas y Biden quizá fruncirá el ceño y tomará nota. Veremos las consecuencias prácticas.
pedropenaloza@yahoo.com/Twitter: @pedro_penaloz
