/ martes 2 de abril de 2019

La romería de los sistemas nacionales

Un sistema es un conjunto de partes que interactúan para trabajar (de manera armónica) para lograr un propósito. Cuando hablamos de sistemas, no hablamos del simple agregado de las partes. No es la suma de los engranes, resortes, cuerdas, tornillos, péndulos y cilindros extendidos en una mesa.

En cambio, se debe ver a todos los elementos funcionando como la maquinaria de un reloj. En nuestro país, llevamos este concepto al diseño de las políticas públicas y modelos institucionales; y ya metidos en la feria de los Sistemas Nacionales, estos esquemas se utilizan como posible solución a todos los problemas.

En México tenemos cualquier cantidad de Sistemas Nacionales, a guisa: Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Fiscalización, de Competencias, de Salud, de Información Municipal, de Procuración de Justicia, etc. Al parecer, somo un país muy ordenado en donde varios temas se articulan y caminan de manera estructurada. En la realidad no. La creación de sistemas ha implicado más problemas que soluciones. Nos hemos enfrentado al reto de tratar de establecer y coordinar a los miembros de cada uno de estos lo que, a su vez, presupone que cada parte funciona de manera eficiente y eficaz. Lo anterior tampoco es así.

Imaginemos que tenemos tres herramientas: un desarmador, un tornillo y una tuerca. Nuestro propósito es fijar una pieza cualquiera, sin embargo, fallamos más del noventa por ciento que tratamos de hacerlo. En igualdad de circunstancias, en nuestra política pública criminal tenemos a la policía, los ministerios públicos y a los jueces. Cuando estos tratan de interactuar caen al vacío la mayoría de las ocasiones. Una de las causas para este problema: es la incapacidad de funcionar y de interrelacionarse -dentro de sus competenciaspara lograr algunos de los propósitos de la justicia penal. Querido lector, usted y yo sabemos que la policía, los ministerios públicos y los jueces no tienen un lenguaje común. Con ello en mente, ¿entonces por qué agregaríamos más partes a la maquinaria? En vez de avocarnos a la armonización, nos hemos esforzado por complejizar procedimientos o agregar más piezas a una maquinaría ineficaz. Cuando llegamos al tema de desaparición forzada nos urge que los modelos de prevención e investigación se fortalezcan y no se ahoguen en discursos jurídicos.

La brutalidad de la desaparición forzada de personas es el reto más grande para el México contemporáneo. La catástrofe no cesa, y no se ven mejoras con todos los esfuerzos institucionales. En este punto, el Estado mexicano decidió establecer un Sistema Nacional. No han funcionado las herramientas tradicionales de la política pública criminal, aunque se puede decir -de manera desalentadora- que ya tenemos un Sistema Nacional, que se ha instalado dos veces a nivel nacional. No obstante, dicho sistema no se ha acabado de integrar, nos llenamos de leyes, reglamentos, programas y cualquier cantidad de protocolos; y la realidad sigue casi igual, al derecho no logra convencer a los hechos. Deberíamos decir: menos ciencia jurídica, menos diseños institucionales, más especialistas en campo, más pruebas periciales, búsqueda de personas eficaz y mejor tecnología. Se necesita saber cuándo se encontrarán a las personas, cuándo se erradicará el delito; y cómo hacemos para que funcionen mejor los ministerios públicos, la policía y los peritos mientras logramos generar esas bases de datos y servicios periciales coordinados que nos han prometido.

Doctor en derecho

Un sistema es un conjunto de partes que interactúan para trabajar (de manera armónica) para lograr un propósito. Cuando hablamos de sistemas, no hablamos del simple agregado de las partes. No es la suma de los engranes, resortes, cuerdas, tornillos, péndulos y cilindros extendidos en una mesa.

En cambio, se debe ver a todos los elementos funcionando como la maquinaria de un reloj. En nuestro país, llevamos este concepto al diseño de las políticas públicas y modelos institucionales; y ya metidos en la feria de los Sistemas Nacionales, estos esquemas se utilizan como posible solución a todos los problemas.

En México tenemos cualquier cantidad de Sistemas Nacionales, a guisa: Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Fiscalización, de Competencias, de Salud, de Información Municipal, de Procuración de Justicia, etc. Al parecer, somo un país muy ordenado en donde varios temas se articulan y caminan de manera estructurada. En la realidad no. La creación de sistemas ha implicado más problemas que soluciones. Nos hemos enfrentado al reto de tratar de establecer y coordinar a los miembros de cada uno de estos lo que, a su vez, presupone que cada parte funciona de manera eficiente y eficaz. Lo anterior tampoco es así.

Imaginemos que tenemos tres herramientas: un desarmador, un tornillo y una tuerca. Nuestro propósito es fijar una pieza cualquiera, sin embargo, fallamos más del noventa por ciento que tratamos de hacerlo. En igualdad de circunstancias, en nuestra política pública criminal tenemos a la policía, los ministerios públicos y a los jueces. Cuando estos tratan de interactuar caen al vacío la mayoría de las ocasiones. Una de las causas para este problema: es la incapacidad de funcionar y de interrelacionarse -dentro de sus competenciaspara lograr algunos de los propósitos de la justicia penal. Querido lector, usted y yo sabemos que la policía, los ministerios públicos y los jueces no tienen un lenguaje común. Con ello en mente, ¿entonces por qué agregaríamos más partes a la maquinaria? En vez de avocarnos a la armonización, nos hemos esforzado por complejizar procedimientos o agregar más piezas a una maquinaría ineficaz. Cuando llegamos al tema de desaparición forzada nos urge que los modelos de prevención e investigación se fortalezcan y no se ahoguen en discursos jurídicos.

La brutalidad de la desaparición forzada de personas es el reto más grande para el México contemporáneo. La catástrofe no cesa, y no se ven mejoras con todos los esfuerzos institucionales. En este punto, el Estado mexicano decidió establecer un Sistema Nacional. No han funcionado las herramientas tradicionales de la política pública criminal, aunque se puede decir -de manera desalentadora- que ya tenemos un Sistema Nacional, que se ha instalado dos veces a nivel nacional. No obstante, dicho sistema no se ha acabado de integrar, nos llenamos de leyes, reglamentos, programas y cualquier cantidad de protocolos; y la realidad sigue casi igual, al derecho no logra convencer a los hechos. Deberíamos decir: menos ciencia jurídica, menos diseños institucionales, más especialistas en campo, más pruebas periciales, búsqueda de personas eficaz y mejor tecnología. Se necesita saber cuándo se encontrarán a las personas, cuándo se erradicará el delito; y cómo hacemos para que funcionen mejor los ministerios públicos, la policía y los peritos mientras logramos generar esas bases de datos y servicios periciales coordinados que nos han prometido.

Doctor en derecho

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