En ultimas fechas, el gobierno federal decidió que la construcción de uno de sus proyectos insignia, el tren maya, fuera clasificada como de Seguridad Nacional; esto con el objetivo de no cumplir los mandatos legales emitidos por el Poder Judicial que buscan detener las obras del tramo 5, concretamente.
Es decir que la Presidencia de la República hizo uso de una clasificación inacabable y prácticamente incuestionable, donde no puede intervenir otra autoridad, para proteger un proyecto que francamente no cumple con los criterios que la propia Ley de Seguridad Nacional enuncia, ya que se entiende por “Seguridad Nacional” a las acciones que ayuden a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, de forma inmediata y directa.
¿Cómo un proyecto de obra pública destinado al comercio y al turismo, ayudaría al Estado a mantener alguno de esto de estos tres elementos? Basta revisar el Artículo Tercero de la Ley en cuestión para notar que un tren no está relacionado con la preservación de la integridad territorial, la soberanía o la independencia. Entonces, ¿de qué amenaza o riesgo, protegería el Tren Maya a México?
Incluso es contradictorio con el principio de preservación de la democracia, pues no hay forma de que la opacidad que caracteriza a este proyecto, fortalezca al Estado de Derecho o las libertades y derechos fundamentales de las personas.
Bajo esta nueva categoría, las organizaciones ambientalistas, los grupos mayas que argumentan defensa del territorio e incluso las autoridades judiciales que han concedido amparos, ¿dónde quedan colocadas? No queda claro qué efectos puede tener para todos ellos y para cualquiera que se oponga al proyecto. Esto suena más como una estratagema política para criminalizar a los detractores del Tren Maya.
Por otra parte, ¿sabe usted qué si está considerado en dicha Ley como una amenaza a la Seguridad Nacional? La delincuencia organizada, frente a la cual prevalece la retórica y no la estrategia, pues además de “abrazos y no balazos”, no hay un plan contundente ni transparente, que involucre instituciones o presupuestos.
En suma, resulta muy claro que la categoría de “proyecto de Seguridad Nacional” se suma a la narrativa del gobierno federal, donde se escapa el análisis y se queda la ideología. Otro de los conceptos, quizá el favorito dentro de dicha narrativa, es “corrupción”, que ha pasado de ser un pendiente genuino por resolver, a un arma que hoy se esgrime para descalificar a quienes no muestran apoyo y/o subordinación al Ejecutivo Federal.
A propósito de obra pública, la reciente caída de la plataforma Compranet, mediante la cual el gobierno federal hace compras y contrataciones a particulares, ha abierto la puerta a toda clase de especulaciones debido a que la información cae a cuentagotas. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, está suspendida desde mediados del mes debido a un problema de espacio de almacenamiento que ya no permite cargar la información.
Sin embargo, en un contexto donde las obra insignia se le asignan directamente a contratistas y donde el ejercito mexicano se dedica a construir y, en algunos casos como el AIFA, administrar, resulta sospechosa esta “caída del sistema”.
