En líneas anteriores hemos tratado de hacer visible la atención que merecen los temas de movilidad y seguridad vial, ante la necesidad de contar con un marco normativo que evite, en primera instancia, la sobrerregulación, suscitada en distintas entidades federativas con criterios dispares tanto en sus leyes locales concernientes en estos tópicos como en sus leyes y/o reglamentos de tránsito y vialidad.
Y con agrado nos permitimos hacer notar que, la semana pasada, en la Cámara de Diputados, los Legisladores fijaron posturas sobre declaratoria constitucional en estas materias, que dará pauta a un segundo paso consistente en la creación de una ley de movilidad y seguridad vial en los próximos seis meses. Dentro de las posturas se expuso que la tarea no es sencilla, pues será necesario desarrollar un marco transversal a distintos tópicos como el transporte, la infraestructura carretera y la vialidad; además tener como un reto la accesibilidad para los grupos de mayor vulnerabilidad, con inclusión e igualdad.
Es decir, en este 2021 esperaríamos contar con una ley marco que además debe ser armonizada con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Una vez que entre en vigor la reforma constitucional, todos los habitantes de la República tendrán derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Los municipios tendrán facultad para formular, aprobar y administrar los planes en materia de movilidad y seguridad vial; así como para planear y regular conjunta y coordinadamente con la Federación y los estados, en su ámbito competencial, el desarrollo de dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia, y el Consejo de Desarrollo Metropolitano, instancia de coordinación del Área Metropolitana del Valle de México, tendrá facultades para acordar las acciones en materia de movilidad y seguridad vial, entre otras, en términos de la Ley que emita em Congreso de la Unión.
Reiteramos nuestro votos por que se permita la instauración de un Sistema Nacional para estos efectos, donde las voces de los sectores públicos y de la sociedad civil se encuentren comunicados; y sea una brecha de oportunidad para realizar la recolección, análisis, y sistematización de datos relevantes para la seguridad vial y la gestión del tránsito de todos los usuarios en la vía pública, con el propósito de determinar, cuantitativa y cualitativamente el estado de la seguridad vial en el país; deducir los factores asociados a los accidentes de tránsito, así como promover el diseño de indicadores y estrategias dirigidas a mejorar nuestras condiciones en esta esfera. Además, que propague una cultura y educación en seguridad vial para niños y adultos a través de campañas asertivas.
Esperemos que con estos avances legislativos, y que se cristalizarán en un marco para la coordinación de los tres órdenes de gobierno podamos alinearnos a los estándares internacionales, refiriéndonos al Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 y al Plan Mundial de la materia; así como una real comunicación entre zonas metropolitanas y un equilibrio de sectores y servicios en beneficio de todos los mexicanos.
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