Los principales rubros en los que actúan sus organizaciones son: 1.- Impulsar políticas públicas o legislación, tal es el caso de organizaciones que se oponen al aborto o el del IMCO que impulsó la llamada iniciativa Tres de Tres. 2.-Oponerse a políticas públicas o legislación, como el reciente activismo en contra de la Ley de Seguridad Interior. 3.- Servir de contrapeso a políticas estatales en determinadas áreas sensibles como la defensa de los derechos humanos o el combate a la corrupción y a la impunidad, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, México Unido Contra la Delincuencia, Mexicanos contra la Corrupción, etc. 4. -Evaluar las acciones que realiza el Estado en determinados ámbitos y eventualmente proponer procedimientos correctivos a la manera de México Evalúa o Mexicanos Primero. 5.- Ocupar cargos o funciones públicas o semipúblicas. Raramente se plantea esta opción de modo directo pero en la práctica las organizaciones intentan colocar a sus miembros o dirigentes en el seno de Consejos o Comités de organismos públicos, ya sea con funciones temporales o permanentes.
Así ocurre con el grupo de ciudadanos que participa en la presentación de propuestas para consejeros del INE —que es temporal— y con el que encabeza el Sistema Anticorrupción, que tiene carácter permanente. En la Ciudad de México, su flamante Constitución incluye varios consejos ciudadanos en funciones de particular importancia como el Consejo Judicial Ciudadano. La incorporación a puestos que desempeñan funciones directamente vinculadas a la designación de miembros de cuerpos gubernativos o a la vigilancia de los mismos, acercan a las organizaciones que venimos analizando a la tarea de los partidos en cuanto a la propuesta de personas para ocupar cargos públicos.
Al efectuar este análisis salta a la vista una notoria diferencia entre las organizaciones sociales. Si lo vemos desde la perspectiva tradicional de la división dicotómica entre sectores, podríamos decir que la sociedad civil resultaría equiparable al llamado “sector privado” para distinguirlo del público, pero esta diferenciación parece más aplicable a la utilización de un criterio económico. Volvemos pues a la idea de que hay una distinción entre “sector privado” y “sociedad civil”; diríamos que aquel se compone por las agrupaciones de producción y servicios y esta por las que no tienen fines lucrativos.
Pero dentro de las que pertenecen a la última categoría citada podemos también diferenciar entre aquellas que, o bien colaboran con finalidades estatales, o bien operan al margen de las mismas sin cuestionarlas o enfrentarlas. Así, por ejemplo, la Cruz Roja, el Comité Olímpico Mexicano, la Federación de Futbol, la Academia de la Lengua, los Centros de Integración Juvenil u organizaciones caritativas como Un Kilo de Ayuda o Solo por Ayudar, son organizaciones sociales a las que no se suele etiquetar como de la sociedad civil organizada porque tal connotación suele reservarse para las que manifiestan un activismo en el campo político. Podría decirse que constituyen la organización social para la política, al margen de los partidos. Ello llevaría a intentar una distinción teórica entre Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) “no politizadas” como las mencionadas en el párrafo inmediato anterior y las “politizadas” que no actúan operativamente en funciones de servicio social u organizando tareas colectivas sustantivas, sino que se dedican a la actividad política bajo el rubro general de “sociedad civil organizad.”
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