/ lunes 4 de octubre de 2021

La sustitución del Estado de Derecho

El crimen organizado cuando tiene “manga ancha”, la ampliarán sin recato; ya entrados en confianza someterán a cualquiera que se les interponga. No se puede actuar con ingenuidad encomiándoles a las mafias, resuelvan sus diferencias entre si, distribuyéndose amigablemente los territorios para la distribución y control de sus negocios ilegales.

El gobierno de López Obrador públicamente les manda mensajes de que se porten bien. En los hechos ha claudicado en su persecución, de eso trata la política de abrazos, no balazos. La tesis que lo sustenta se funda en que si el Estado no los persigue, se pondrán de acuerdo, y se acabará la violencia; se portarán “bien”. Pareciera prefiere acuerdos con ellos a cambio de apoyos para reafirmar su presencia -y control- político; es como en los penales donde la autoridad penitenciaria cogobierna con la delincuencia. En realidad quienes tienen “manga ancha” son los capos: quitan y ponen autoridades. La prisión de Piedras Negras entre 2010 y 2011 fue controlada por los Zetas y se convirtió en un lugar de exterminio y los zetas en la organización criminal más terrible y brutal.

La política de abrazos, no balazos no tiene buen fin por donde se le vea, los datos en materia de seguridad corroboran que el Estado no puede claudicar en su tarea de proteger a la sociedad de los malhechores. No paran los ajustes entre las mafias, siguen a la alza los homicidios dolosos, el feminicidio, las desapariciones involuntarias y el horror en muchos lugares. La jornada electoral del 21 registró más agresiones contra personas candidatas respeto a la del 18. El 75% de las víctimas eran integrantes de la oposición al gobierno. Fue evidente su presencia en la política.

Es necesario recordar el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF donde señala la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en 27 estados del país, mientras que el Cártel del Pacífico opera en 21 estados; y el Cártel del Golfo en 14 estados. Le siguen 16 mafias más con presencia regional interrelacionándose o confrontándose con los grandes. El Jefe del Comando Norte de EU ha dicho que el 35% del territorio nacional es controlado por los cárteles y algunas zonas son ingobernables frecuentemente, y abundó que “es un síntoma de un problema que se ha manifestado desde el año pasado (2020)”. Los abrazos, no balazos sólo ha incrementado la presencia delincuencial, aunque el Presidente lo niegue desde su realidad alterna de sus propios datos.

La verdadera realidad se impuso en las elecciones, en Sinaloa es voz popular que gobierna quien decide el Cártel del Pacífico. Los casos de San Luis Potosí y Michoacán que fueron impugnados por señalamientos sus resultados electorales fueron a modo de la delincuencia organizada, pudieron ser un parteaguas en el estado de alerta. En particular nadie fue tan preciso en alertarlo como el gobernador saliente de Michoacán Silvano Aureoles, sin embargo el tribunal electoral no se animó a ponderar las repercusiones del peligro inminente, y al final resolvió las controversias electorales de manera superflua y tímida. Sin profundizar y valorar la repercusión judicial, social, económica y política de estas decisiones.

Es evidente que el mensaje que se envía desde el Poder Judicial, coincidente con López Obrador, es que la DO puede moverse con libertad, y esto es sumamente peligroso. Alguien lo duda?

El crimen organizado cuando tiene “manga ancha”, la ampliarán sin recato; ya entrados en confianza someterán a cualquiera que se les interponga. No se puede actuar con ingenuidad encomiándoles a las mafias, resuelvan sus diferencias entre si, distribuyéndose amigablemente los territorios para la distribución y control de sus negocios ilegales.

El gobierno de López Obrador públicamente les manda mensajes de que se porten bien. En los hechos ha claudicado en su persecución, de eso trata la política de abrazos, no balazos. La tesis que lo sustenta se funda en que si el Estado no los persigue, se pondrán de acuerdo, y se acabará la violencia; se portarán “bien”. Pareciera prefiere acuerdos con ellos a cambio de apoyos para reafirmar su presencia -y control- político; es como en los penales donde la autoridad penitenciaria cogobierna con la delincuencia. En realidad quienes tienen “manga ancha” son los capos: quitan y ponen autoridades. La prisión de Piedras Negras entre 2010 y 2011 fue controlada por los Zetas y se convirtió en un lugar de exterminio y los zetas en la organización criminal más terrible y brutal.

La política de abrazos, no balazos no tiene buen fin por donde se le vea, los datos en materia de seguridad corroboran que el Estado no puede claudicar en su tarea de proteger a la sociedad de los malhechores. No paran los ajustes entre las mafias, siguen a la alza los homicidios dolosos, el feminicidio, las desapariciones involuntarias y el horror en muchos lugares. La jornada electoral del 21 registró más agresiones contra personas candidatas respeto a la del 18. El 75% de las víctimas eran integrantes de la oposición al gobierno. Fue evidente su presencia en la política.

Es necesario recordar el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF donde señala la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en 27 estados del país, mientras que el Cártel del Pacífico opera en 21 estados; y el Cártel del Golfo en 14 estados. Le siguen 16 mafias más con presencia regional interrelacionándose o confrontándose con los grandes. El Jefe del Comando Norte de EU ha dicho que el 35% del territorio nacional es controlado por los cárteles y algunas zonas son ingobernables frecuentemente, y abundó que “es un síntoma de un problema que se ha manifestado desde el año pasado (2020)”. Los abrazos, no balazos sólo ha incrementado la presencia delincuencial, aunque el Presidente lo niegue desde su realidad alterna de sus propios datos.

La verdadera realidad se impuso en las elecciones, en Sinaloa es voz popular que gobierna quien decide el Cártel del Pacífico. Los casos de San Luis Potosí y Michoacán que fueron impugnados por señalamientos sus resultados electorales fueron a modo de la delincuencia organizada, pudieron ser un parteaguas en el estado de alerta. En particular nadie fue tan preciso en alertarlo como el gobernador saliente de Michoacán Silvano Aureoles, sin embargo el tribunal electoral no se animó a ponderar las repercusiones del peligro inminente, y al final resolvió las controversias electorales de manera superflua y tímida. Sin profundizar y valorar la repercusión judicial, social, económica y política de estas decisiones.

Es evidente que el mensaje que se envía desde el Poder Judicial, coincidente con López Obrador, es que la DO puede moverse con libertad, y esto es sumamente peligroso. Alguien lo duda?