Cuatro años llevó a Yndira Sandoval Sánchez lograr una disculpa pública por parte de la Autoridad Municipal de Tlapa de Comonfort, Estado de Guerrero, por las agresiones contra su persona al ser detenida por la policía de ese Municipio; con esta disculpa se reconoce que Yndira fue víctima de violencia sexual por parte de la policía femenil.
Ella, en su calidad de defensora de los derechos de las mujeres estaba en este municipio para dar una conferencia. Fuera de sus actividades junto con otras personas, tomó unos tragos. Si bien derivado del hecho, hay que decir no estaba tan tomada como para no darse cuenta de la violencia de que fue víctima: detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza pública y violencia sexual por parte de una policía. Para colmo, posteriormente fue revictimizada por las autoridades estatales al maltratarla y denostarla con la publicación de los videos que la policía de Tlapa le tomaron al aprenderla; con toda la mala leche se usaron indebidamente para influenciar negativamente su imagen ante la opinión pública.
Yndira al aceptar la disculpa pública que le ofreció el Presidente de este municipio guerrerense, dijo lo siguiente: "No hay derecho al goce y al disfrute, una mujer no se puede ir de parranda. Lo que una espera después de una borrachera es una resaca, no una violación”. Y este es el punto, los hombres pueden tomar hasta perder el sentido, y ninguno será violado; incluso podrá ser detenido por andar borracho y no pasa de una falta administrativa. Pero una mujer será manoseada, violada y si denuncia será revictimizada. Será señalada, estigmatizada y además correrá riesgos de persecución y amenazas por parte de la autoridad, como lo sufrió Yndira.
Es evidente que ella pudo sobreponerse, denunciar, quejarse infructuosamente ante la comisión estatal de derechos humanos por la desatención de la autoridad local, y seguir el proceso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que la apoyó defenderse contra el Estado. Ella es una mujer feminista empoderada, que tuvo el apoyo de su familia, de sus compañeras, de las organizaciones feministas, que motivó un Punto de Acuerdo desde el Senado en la legislatura pasada. La mayoría de las mujeres en circunstancias similares sufren solas, sobreviven traumas de por vida.
La tortura sexual es un delito agravado; la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala que las penas previstas para el delito de tortura se aumentarán hasta en una mitad cuando la víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual.
Esta ley obliga a la formación de funcionarias y funcionarios para prevenir todo tipo de tortura o malos tratos, inhumanos o degradantes, y en su caso, sancionarlos de manera debida. El objetivo de la Ley es erradicar este grave delito que causa un gran sufrimiento a las personas. Por desgracia las corporaciones policíacas evidencian incumplimiento de estos preceptos legales un día si, y otro también. Hay un modus operandi estructural que ha alcanzado también a las mujeres que se incorporan a estos encargos. Esperemos que esta disculpa pública derive en la profesionalización de las policías y fiscalías del estado de Guerrero en el uso legítimo de la fuerza pública, desde la perspectiva de género y el respeto de los derechos humanos.
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