El modelo de las Procuradurías Generales de Justicia se agotó hace muchos años. Los abusos, la ineficacia, el incremento de la incidencia delictiva y la ausencia de métodos de investigación nos obligaron buscar un nuevo horizonte. Como siempre, se optó por una restructura institucional que inició con un cambio de nombre. Así las cosas, transitamos de Procuradurías a Fiscalías. En el ámbito institucional, se decidió que dejaban de estar bajo el paraguas del Poder Ejecutivo y se transformaban en organismos constitucionalmente autónomos del Estado mexicano. Pero, hagamos un poco de historia.
En los noventas, la Procuraduría General de la República fue la que utilizó a una vidente (la Paca) para resolver un caso importante para la vida nacional. Años más tarde, esa misma PGR no logró resolver el caso Ayotzinapa y utilizó la tortura en contra de los acusados. Así mismo, la PGR se quedó corta en el tema de desaparecidos, tortura y delincuencia organizada.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México fue acusada de tortura en el caso Martin del Campo. Mientras que las procuradurías de otras entidades también han sido señaladas por cometer tortura en contra de los acusados decenas de veces. Parecía que el cambio era una cuestión necesaria. Sin embargo, las fiscalías autónomas tampoco nos han dado resultados. Veamos:
En el estado de Chiapas, hace muchos años, tuvo una fiscalía autónoma durante cierto periodo de tiempo, los resultados de ésta no llegaron a ninguna parte, y se regresó al modelo de Procuraduría General del Estado (aunque luego sucederían otras cosas). La Fiscalía Autónoma de Veracruz no ha dado resultados, peor aún, las disputas políticas entre el fiscal y el gobernador solo afectaron la procuración de justicia en un estado con graves problemas de seguridad pública y alta incidencia delictiva. En el Estado de Nayarit, el fiscal autónomo hubiera sido Edgar Veytia, quien hoy cumple una pena de 20 años de prisión en los Estados Unidos de América por delitos de tráfico de estupefacientes. Dicho en otras palabras, el cambio de nombre de Procuraduría a Fiscalía no es suficiente y, a veces, el diseño institucional puede generar conflictos políticos entre el titular del ejecutivo con la autonomía del fiscal como en el caso de Veracruz. Entonces ¿Qué hacer?
Tarde o temprano todas las Procuradurías Generales de Justicia se convertirán en Fiscalías Autónomas. No existe espacio ni objeción para que esto suceda. El punto es que el cambio de nombre y el reacomodo institucional no han sido suficientes. El centro de la transformación es que hagan el trabajo que siempre se les encomendó hacer (llámese procuraduría o fiscalía), a saber: investigar el delito con respeto a los derechos humanos y probar en tribunales la responsabilidad penal de los acusados. No mas, no menos.
Nos hemos desgastado en diseños institucionales y en cambios de nombres, sin embargo, nos tenemos que concentrar en la esencia de la función de la institución: abatir la incidencia delictiva. En este orden de ideas, debemos estar atentos al proceso de tránsito de las procuradurías a las fiscalías y exigir que esta transformación las lleve a cumplir satisfactoriamente con su deber principal. Esperemos que las instituciones de procuración de justicia demuestren que pueden cumplir con las expectativas que todos tenemos en ellas.
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