México continúa con un proceso de adaptación al cambio de régimen que impacta en los procesos logísticos, en asuntos legales, en las expectativas de inversión, en la calificación de riesgo y en el escándalo -que algunos analistas encarnan- con posturas intolerantes, fantasiosas, especulativas o de plano desinformadoras. Por otra parte, se verifica un proceso de aceptación del nuevo régimen y del presidente sin precedentes y probablemente de manera emocional y poco racional.
La lógica de las mayorías se impone frente a una realidad contundente en materia de corrupción y deformación institucional, donde la normalidad era operar con opacidad, sujeto a clientelismos y múltiples formas de desvío de recursos públicos, como la “estafa maestra” cuya cadena de simulación alcanza al sector privado.
Lo cierto es que el nuevo gobierno ha posicionado una agenda de cambio que pone a la corrupción al centro del debate y a veces pareciera que todo lo que le pasa a este país es culpa de la corrupción. Un arranque de gobierno, como muchos otros, sujeto a la impericia, la improvisación y a la transición de los liderazgos y cuadros básicos, que necesariamente tendrán una curva de aprendizaje y a su vez de depuración.
La reestructuración energética como punta de lanza en el nuevo gobierno, apuntala un enfoque de política industrial que se enfoca en las Empresas Productivas del Estado y en su fortalecimiento para que sirvan como pilares de los nuevos mercados en formación. Se procuran sus ventajas monopólicas, para simplemente aumentar su producción y sus encadenamientos endógenos para revitalizar el corazón de la industria, que junto a la minería, mantienen una contracción crónica que ancla el crecimiento del sector industrial en su conjunto.
Ante la falta de inversión y el lento despliegue de la reforma energética, sobreviene una corriente de pensamiento que sustenta una “contrarreforma”, que difícilmente se puede instrumentar, debido a que el presidente ha insistido en respetar los contratos, pero no las formas y mucho menos los abusos de los nuevos participantes en los mercados energéticos.
Por supuesto que las calificadoras y otros agentes de inteligencia de mercados e inversiones, ven débiles los anuncios del gobierno de México para revitalizar PEMEX y CFE, dado que aún no se reflejan en las reglas de mercado, la gobernanza profesional, los flujos certeros para repagos, la renegociación de vencimientos y los problemas de corrupción que se han ventilado, y que seguramente, seguirán surgiendo en ambas empresas.
Otro factor importante en la “contrarreforma energética” en ciernes, es la suspensión de las subastas, en especial para energías renovables que estaban en curso. Para un grupo de inversionistas y empresarios es una pena demorar la apertura de los mercados y de las inversiones. Sin embargo, la nueva administración considera que es mejor estudiar las condiciones operativas que plantea la reforma energética y sus marcos legales, antes de seguir promoviendo marcos normativos e inversiones que abonan en la prospectiva energética de México, pero sin ningún impacto real, debido al retraso de las inversiones que incidan en la producción de energías limpias.
Tan sólo en el sector hidrocarburos se manejó una cifra superior a los 70 mil millones de dólares de inversión y la formación de un nuevo cluster industrial, integrado por 76 empresas de calidad global y una preparación excepcional, para incidir profesionalmente en la apertura del mercado energético de México.
Lo más sorprendente es que el desempeño de la economía mexicana y la percepción de su desarrollo no varía demasiado entre los analistas, que ven pocos elementos de riesgo en los fundamentales del país, debido a una inflación con tendencia a la baja, el comienzo de una fase menos restrictiva en tasas de interés, el blindaje financiero del país por decenas de miles de millones de dólares, el aumento de las exportaciones y precios del petróleo más favorables a la inversión, aunque siempre se asoma una nube en torno a las decisiones impulsivas del nuevo gobierno que difícilmente encuentran sustento en alguna estrategia de largo plazo.
Sin embargo, el despliegue de la política industrial también se debe dirigir al sector manufacturero, que básicamente, ha sostenido el crecimiento del país a partir de nuevos territorios industriales, que ya empiezan a madurar y para los cuales habrá que proponer estrategias certeras de diversificación comercial, innovación de producto y especialización tecnológica 4.0.
Industrias tradicionales con grandes mercados y prestigio internacional han venido decayendo como resultado de pésimas negociaciones comerciales y la falta de estrategias claras de innovación y diversificación de mercados. Estas industrias a su vez, se enfrentan a la competencia desleal y al contrabando, la piratería y el robo de mercancía.
Por otra parte, la política industrial también se debe enfocar a las industrias creativas, que en conjunto, integran diversas especialidades de innovación tecnológica y que se concentran en los negocios digitales, el diseño, la animación, la arquitectura, el cine, la gastronomía, los publimedios, el comercio electrónico y las artes escénicas.
Vicepresidente de Canacintra
