Entre tanto exabrupto inconstitucional lanzado desde Palacio Nacional y que se acrecienta sin recato conforme se acerca el día de la votación, hubo un comentario groseramente inadmisible por parte del Presidente referente a las niñas indígenas. A pregunta expresa sobre nota periodística sobre la venta de niñas, contestó que lamenta que suceda, “nada más que no se debe estigmatizar a las comunidades indígenas”.
Si vivió 6 años entre ellas, debió haberse enterado sobre la discriminación contra las niñas y cómo las obligan a casarse con alguien que no conocen y que ciertamente dan una dote a la familia de la niña. Como egresado de la carrera de derecho debe saber que esas prácticas son ilegales porque afectan la dignidad humana de las niñas y a sus derechos humanos; es desde el punto de vista de la Ley, un matrimonio forzoso. Las niñas que huyen son perseguidas y desterradas de su familia y comunidad. Esto sí es una barbarie. El presidente debería saber que el matrimonio infantil está prohibido en México.
Pero peor, porque le preguntaron su opinión sobre la venta de las niñas que se da por el trueque de una vaca o bebidas alcohólicas. Literal, las venden como mercancía, su fin será explotación sexual, o la servidumbre humana. Y el presidente contesta no estigmatizar a las comunidades indígenas! La venta de niñas menores de 18 años es trata de personas. No es un estigma, es un delito muy grave. Estos “usos y costumbres” imperan en algunas comunidades de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Chiapas, Sonora; e igual que la ablación de genitales en comunidades fundamentalistas, son costumbres criminales que violentan los derechos humanos de las niñas.
Por desgracia para el mundo infantil, esos comentarios denotan una mente anquilosada y conservadora, característica del patriarcado: los padres pueden hacer lo que quieran con sus hijas, son cosas de su propiedad.
Es necesario enfatizar que los usos o “valores culturales, morales y espirituales” de los pueblos indígenas no deben entrar en conflicto con la ley nacional, la autonomía que sostengan las comunidades indígenas no debe contraponerse con la Constitución y mucho menos entrar en conflicto con los derechos humanos que están por encima de cualquier sistema normativo de las comunidades indígenas o de otro tipo. Evidenciarlo no tiene nada que ver con su derecho a la libre autodeterminación.
Es muy lamentable que quien ocupa el cargo más importante de nuestro país, muestre desdén hacia los derechos de las mujeres. Nos culpa de la desintegración familiar por recurrir al divorcio o porque salimos a trabajar. Pero sobre este asunto en particular, es lamentable no se conmueva respecto lo que sufren las niñas cuando las obligan a vivir bajo el dominio y opresión de un tipo que desde pequeñas, las obliga a tener relaciones sexuales, a servirles como criadas y a sobrevivir con la cabeza gacha.
Las comunidades indígenas no pueden abstraerse de cumplir con las leyes nacionales. Como señala el Dr. García Máynez, si bien la costumbre está considerada por la ley mexicana como fuente del derecho, ésta no puede derogar la ley nacional, ni puede ser fundamento para alegar desuso, costumbre o práctica en contrario. Este es el fundamento del art 2º constitucional. Inaceptable que sigan imperando estas prácticas esclavistas, pero mucho peor es que el primer mandatario las justifique.
