Nuestro país es lugar de origen, tránsito y destino de víctimas de trata; situación a la que contribuyen los altos flujos migratorios, la pobreza, las necesidades no satisfechas de individuos y familias, y la extendida presencia de grupos de la delincuencia organizada que operan en el territorio nacional.
Quienes se aprovechan de estas circunstancias han provocado que la trata de menores —con fines de explotación sexual comercial, producción de pornografía y turismo sexual organizado— sea el segundo delito más redituable del país; sólo por debajo del narcotráfico.
De ahí que no resulta extraño que México se posicione en el mundo en tercer lugar de trata infantil y de adolescentes, y que sea uno de los países con mayor incremento de este tipo de delitos durante los últimos años.
Sin embargo, estos actos socio-ciminales son en extremo oscuros en su ejecución y difíciles de identificar, pues muchos casos se comenten bajo la complicidad de los familiares de las víctimas, la indiferencia o complicidad de las autoridades y el pasmo de la sociedad, quien muchas veces no sabe cómo actuar para evitar o denunciar estos ilícitos; lo que complica la precisión las cifras de casos y víctimas existentes.
Conviene destacar que en abril pasado la senadora Olga Sánchez Cordero presentó un proyecto de decreto que busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en el que se enumeran las limitaciones legales existentes para su persecusión; los vacíos procesales en que incurren los ministerios públicos y la autoridad judicial, para determinar la forma en que se consuman y las implicaciones que tiene esto para determinar la norma aplicable en que se fundan.
Otra realidad, que muchos sabemos pero poco se dice es que -en muchos casos-, las instituciones creadas para la protección de las víctimas de trata incumplen con la obligación de acompañamiento inmediato, asesoría, separación de las víctimas del lugar de explotación y de las personas responsables; que poco se ocupan de la protección real e inmediata de las víctimas al detectar los posibles casos y menos en determinar su real identidad para reintegrarlas a su vida familiar, entre otras cosas.
Con estos antecedentes, las reformas en ciernes no sólo deben apuntar a la reformulación de los tipos delictivos asociados a la trata, en todas sus modalidades; al fortalecimiento y redefinición de los procesos procedimentales de investigación, persecución y sanción del delito, sino a intensificar el despliegue de estrategias de atención integral de las víctimas una vez que son rescatadas y que fomente la coordinación entre las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, para la intervención estratégica que permita prevenir, identificar, contener y disuadir la comisión de este delito.
Para combatir este terrible delito, desde hace año y medio México SOS y la coordinación estatal de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia en Quintana Roo trabajan, de la mano de las autoridades locales, de la Unidad Especializada contra el Tráfico y Explotación Sexual de Menores y del Poder Judicial local, en el despliegue de una estrategia integral de combate a la trata y rescate de menores víctimas de este delito en la entidad. De ello hablaremos próximamente.
